Si la comisaria europea de Interior, la sueca Cecilia Malmström, hubiera venido a España la pasada semana, antes del anuncio de abdicación del Rey, su presencia habría tenido una mayor repercusión mediática, teniendo en cuenta la polémica creada por sus acusaciones a las autoridades españolas por los sucesos del pasado mes de febrero en la frontera de Ceuta, en los que murieron 15 inmigrantes. Y si se hubiera dado una vuelta por Melilla, para conocer sobre el terreno cómo reproducen los asaltos masivos a la valla, tal vez tendría ahora más elementos para moderar sus opiniones.
Malmström se ha limitado a los contactos oficiales con los ministros de Asuntos Exterior y de Interior y a pasar por Zaragoza, para recibir el premio “Estrella de Europa 2014”. En la capital aragonesa, la comisaría ha reconocido, cuando se le han preguntado por las concertinas en las vallas de las dos ciudades españolas del norte de África, que “cada Estado tiene derecho a defender sus fronteras y España decide cómo hacerlo. Es su derecho”.
La comisaria ha traído con ella el compromiso de hacer una entrega inmediata al Gobierno español de 10 millones de euros de los fondos de emergencia de la UE para sufragar algunos de los 26 proyectos propuestos por España para hacer frente a la situación de Ceuta y Melilla. Entre esos proyectos, están la introducción de mejoras en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), los planes de asistencia para el retorno voluntario de inmigrantes irregulares y la realización de obras de infraestructuras en el vallado del perímetro fronterizo de las dos ciudades autónomas.
Bienevenida sea la ayuda, pero, como le han recordado tanto el titular de Interior, Jorge Fernández Diaz, como el de Exteriores, José Manuel García-Margallo, la implicación europea en la lucha contra la presión de la inmigración irregular tiene que ser más amplia y no limitarse a a esos fondos. Se precisa una mayor cooperación europea con los países de los que proceden los inmigrantes, para lograr su desarrollo y unas mejores condiciones de vida; y también con aquellos que son lugares de tránsito, facilitándoles el acceso a los Fondos de Desarrollo de la UE.
Además, el Gobierno español cree que hay que avanzar en la cooperación entre la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) y Frontex, la agencia europea de fronteras, que tiene su sede en Varsovia. En este sentido, García-Margallo ha apuntado la conveniencia de que se cubra el puesto hoy vacante de director ejecutivo, y que se haga con una persona que provenga de un estado miembro mediterráneo, por tener, en principio, mayor sensibilidad hacia el problema.
El Ministerio no ha precisado si España tiene algún candidato para ese puesto, pero es muy probable que así sea. Resultaría bastante lógico.
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