“Reputación y generación de valor en el siglo XXI” (LIBRO) por Jorge Cachinero en libros.com
La evolución del modelo político y económico de Costa Rica es excepcional.
De forma singular, en 1948, Costa Rica decidió disolver su institución militar y, desde entonces, el país ha podido reasignar sus recursos nacionales para dedicarlos a la salud o a la educación en proporción superior a la de sus vecinos. Así, Costa Rica dedica el 10% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la primera y un 8%, a la segunda.
Costa Rica ha construido un país de clases medias extendidas y bien educadas, por mucho que, internamente, se hayan manifestado, durante los últimos tiempos, críticas hacia un cierto deterioro de su sistema educativo público.
La apuesta hecha por los sucesivos gobiernos costarricenses por el talento ha permitido que su economía -manteniendo una alta competitividad en los mercados internacionales del azúcar, de la carne, del banano y de las commodities– haya transitado de ser una localización de “textileras” para abastecer a las cadenas de suministro de compañías internacionales a convertirse en un centro de servicios corporativos profesionales en un entorno abierto a empresas y a inversores extranjeros.
Costa Rica destaca por el respeto a los derechos humanos, por la estabilidad política, por la certidumbre jurídica y por el crecimiento económico sostenible -el PIB creció un 4.2% en 2016 y habrá crecido, muy probablemente, en torno al 3.9% en 2017, mientras la inflación es del 0.6%- dado que es un país de renta media-alta.
Este contexto es en el que se ha desarrollado en Costa Rica un 2017 marcadamente preelectoral ya que el 4 de febrero próximo se celebrarán, simultáneamente, las elecciones presidenciales y las elecciones para la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la visión sobre la integración centroamericana no es tan optimista ya que no se encuentra en su mejor época y cuesta visibilizar “los resultados que un proceso de integración como éste debería generar”, como se afirma en algunos gobiernos de la zona.
Las razones de este estancamiento se encuentran en la fase del juego de la acusación de unos países a otros sobre la responsabilidad última de dicha paralización.
Particularmente, Nicaragua y Costa Rica están enzarzados en señalarse mutuamente como obstáculos en el proceso de integración de la zona, bien porque la primera acuse a la segunda de su paralización o bien porque la segunda señale a la primera como el bloqueador por sistema de cualquier avance mediante maniobras obstaculizadoras dentro de las propias negociaciones entre las partes.
La integración centroamericana es compleja de abordar y, mucho más, de avanzar cuando existe una parte central al proceso, como es Nicaragua, que representa un modelo político y económico antagónico al de Costa Rica, que, por el contrario, mantiene buenas relaciones, por citar el ejemplo de su vecino meridional, con Panamá.
Quizás, en el lado positivo de las cosas, debería señalarse que la agenda bilateral entre Costa Rica y Nicaragua es amplia -aunque, compleja- por lo que se hace necesario encontrar los asuntos de acuerdo en los desacuerdos antes de poder pasar a evaluar las posibles áreas de entendimiento entre ambos países.
La realidad es que el 12% de la población de Costa Rica es de origen nicaragüense -con un contraste muy marcado entre amplios segmentos que se encuentran plenamente integrados en el país y otros grupos que son de más complicado manejo- y el volumen de remisiones anuales desde Costa Rica a Nicaragua asciende a los USD $400 millones.
Además, Costa Rica está sufriendo la presión de flujos migratorios de “nuevos orígenes” -Cuba, Haití, a través de Brasil, Venezuela, Honduras o El Salvador- que, ante el éxito de su modelo político y económico, están convirtiendo a un país tradicionalmente de tránsito migratorio en uno que podría, fácilmente, acabar siendo de destino.
Costa Rica, también, tiene que abordar otros retos como son el del impacto en el país del comercio del narco a través de América o la presencia de Rusia en Nicaragua y, derivado de todo ello, los retos de seguridad que éstos dos plantean.
Como factor de equilibrio, Costa Rica disfruta de una relación fluida y estrecha con los Estados Unidos (EE.UU.), desde donde procede el 60% del total de la inversión directa extranjera que entra en el país y hacia dónde se dirige el 50% de sus exportaciones.
De hecho, el grupo mayoritario de extranjeros asentados en Costa Rica son los estadounidenses. Hay más de estos últimos en Costa Rica que costarricenses en los EE.UU. Aparte de México y Alemania, la prioridad comercial de Costa Rica son los EE.UU. y está haciendo un esfuerzo para tratar de preservar sus factores de diferenciación ante los ojos de los nuevos responsables del gobierno Trump y evitar el que se les “meta en el mismo grupo” que alguno de sus vecinos.
El flujo comercial entre España y Costa Rica es tímido: USD $400 millones anuales en ambas direcciones. Costa Rica espera el cierre del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE) a falta, aún, de la ratificación de ocho de sus países.
Costa Rica y España son mercados de oportunidad el uno para el otro. Esto justifica el estrechamiento de su relación, que, sin duda, ayudaría a reforzar la influencia de España en Centroamérica.
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