“Reputación y generación de valor en el siglo XXI” (LIBRO) por Jorge Cachinero en libros.com
El cultivo de cocaína en Colombia se ha disparado durante los dos últimos años.
Esta tendencia pudiera parecer contra intuitiva después de las expectativas generadas por el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 26 de septiembre de 2016.
De hecho, los niveles de producción de cocaína en Colombia hoy están en niveles comparables a los del año 2002, sólo dos años después de que el Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.) aprobara, en julio de 2000, el llamado “Plan Colombia”.
El “Plan Colombia” fue un acuerdo de cooperación suscrito entre los EE.UU. y Colombia para combatir el tráfico de drogas -específicamente, se priorizaba el doble objetivo de la erradicación del cultivo y de la producción de coca en el sur de Colombia y el de las operaciones de combate contra el narcotráfico- y la violencia guerrillera y hacer frente a todos los problemas sociales, económicos e institucionales que se derivaban de los dos anteriores.
La dimensión de aquel Plan y la importancia que a él le dieron desde el gobierno de los EE.UU. se pone de manifiesto por el hecho de que éstos le hayan asignado $8 billones desde su puesta en marcha, es decir, una cantidad superior a cualquier otro proyecto de política exterior de los EE.UU. después del final de la Guerra Fría, con la excepción de los relacionados con el Próximo Oriente, Afganistán e Irak.
Existen razones de carácter doméstico y de carácter internacional en esta nueva expansión de las redes criminales vinculadas a la producción y al tráfico de coca en Colombia.
En primer lugar, destacan la migración y, a la vez, la complementariedad entre los modelos de negocio de la producción de coca y el de la minería ilegal de oro, ya que éste se ha transformado en un gran dinamizador de aquél.
El oro se ha convertido en moneda de curso legal para los narcotraficantes y los dos modelos de negocio -el de la minería ilegal del oro y el del narcotráfico- son complementarios porque comparten proveedores y porque sus respectivas cadenas de valor están estrechamente conectadas y correlacionadas.
Por otra parte, el anuncio del Acuerdo de Paz de 2016 ha sembrado incertidumbre entre los grupos criminales ante el posible cambio del entorno operativo de sus modelos de negocio.
También, y de forma, aparentemente, contradictoria, dicho Acuerdo ha generado expectativas de nuevas fuentes de ingresos sobre la base del incentivo que las promesas -intoxicadas por las propias FARC- de ayudas futuras del Estado a la adopción de cultivos sustitutivos han supuesto para el incremento acelerado de las plantaciones de coca en los últimos meses para poder beneficiarse, más adelante, de dichas subvenciones.
Así, en la actualidad, en Colombia existen grandes zonas de cultivo de coca, improductivas, en muchos casos, en razón de esas ilusiones generadas por las FARC.
Las FARC, en cualquier caso, no están comprando producto porque, de hecho, ya desde 2006, mucho antes de que comenzara el proceso de paz ahora cerrado, habían decidido salir y abandonar el negocio de la coca -en realidad, sólo controlaban la producción de la base de coca- porque estaban perdiendo el control sobre su propia gente.
Ésta es, en sí misma, una evidencia polémica en Colombia por el sesgo tan polarizado que ha tomado allí el debate político sobre el proceso de paz durante los últimos años.
Por otra parte, la suspensión en 2015 de la aspersión aérea -que representaba la amenaza de destruir hasta un tercio de las plantaciones- ha llevado aparejada una menor erradicación de las plantaciones en un momento en el que están subiendo los precios en los mercados de consumo de la cocaína.
Finalmente, están surgiendo nuevas generaciones de narcotraficantes, que se organizan y que actúan de forma más fracturada. De hecho, ahora es más difícil establecer con precisión el número de individuos movilizados por el crimen organizado y vinculado al narco dada esa mayor atomización de los grupos criminales.
Además, estas nuevas organizaciones están comportándose de forma distinta a la de sus predecesores ya que se distinguen por no cometer actos criminales irracionales e indiscriminados. De hecho, a medida que estos nuevos grupos sustituyen el territorio tradicionalmente ocupado por las FARC, los homicidios disminuyen.
Estas organizaciones criminales se comportan como actores racionales y mantienen la “paz” en las geografías que pasan a controlar dado su interés por proteger sus modelos de negocio. Decapitar estas organizaciones no garantizaría su desmembramiento como ocurría en el pasado con los cárteles narcotraficantes tradicionales.
Sin embargo, el gran reto que tiene la lucha contra la expansión de las redes de la criminalidad organizada en Colombia en torno al cultivo, a la producción, a la distribución y a la venta de coca hunde sus raíces en el hecho de que éstas no pueden entenderse sin Europa, ni sin sus conexiones con Europa.
Y dentro de éstas, España es un eslabón crítico para el narco colombiano.
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