Al juez federal, Claudio Bonadío, la defensa de Cristina Fernández le reprocha la acusación de “Traición a la patria” porque entiende que la viuda de Néstor Kirchner se limitó a gobernar y los actos que él considera traición son actos de Gobierno con otro Gobierno, el de Irán. El magistrado no coincide y opina que la ex presidenta se aprovechó de su investidura para cometer, deliberadamente, esos actos de traición a la patria que implicaban la impunidad contra aquellos que atentaron contra Argentina. Como parte de esa estrategia, Bonadío -como las instituciones judías y el actual Gobierno cuando era oposición- entiende que figuraba la retirada o suspensión de las alertas rojas de Interpol contras los funcionarios iraníes que organizaron el ataque contra la sede de la AMIA y la DAIA, las instituciones más importantes de la colectividad judía, donde murieron 85 argentinos en 1994.
Bonadío -y la justicia argentina- considera que detrás de ambos atentados estaba la mano del gobierno de Irán. Con este premisa interpreta que el ataque de un Estado contra otro es equivalente o equiparable a una declaración de guerra. Es decir, que los atentados fueron, en verdad, actos de guerra. Por esta razón, la colaboración de la ex jefa del Estado con el enemigo le sirve en bandeja su razonamiento para sostener la acusación de cometer el delito más grave que puede recibir un mandatario: Traición a la patria.
La pieza original para lograr sus objetivo fue el Memorándum de Entendimiento entre Irán y Argentina que terminaría convertido en ley por el rodillo kirchnerista en el Congreso y el Senado. Este “detalle” al juez no le mueve un músculo. Considera que diputados y senadores desconocían los tratos espurios entre bambalinas de ambos Gobiernos.
Los argumentos de Bonadío resultan bastantes ingeniosos pero no son nada despreciables y la ex presidenta lo sabe. Otra cosa es la aplicación de la prisión preventiva. A estas alturas, Cristina Fernández tiene el mismo poder de maniobra para entorpecer la investigación judicial dentro que fuera de prisión (ninguno). Diferente sería pensar en una huida modelo Puigdemont pero, para cortarle el paso, a una fuga sin destino, parecería que hubiera bastado con retirarle el pasaporte. Aunque, para eso, también hubiera necesitado el visto bueno del Senado, hoy por hoy, el que tiene en sus manos la balanza de la justicia para este caso.