Garzón, como todos los procesados, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Hoy se sienta en el banquillo acusado de prevaricación: El magistrado, a sabiendas de que era ilegal, ordenó intervenir las conversaciones telefónicas entre abogados y clientes de la trama Gurtel (escándalo de corrupción que afecta al Partido Popular). El ordenamiento jurídico español sólo contempla los “pinchazos” o “chuponeos” (como se dice en Argentina) para casos de terrorismo o narcotráfico.
Suspendido de sus funciones, Garzón tiene por delante otras dos causas, incluida la investigación de Franco y de casi medio centenar de ministros del dictador. En ésta, todos, hasta “don Paco”, se encuentran seis palmos –o más- bajo tierra. Los crímenes del franquismo que el juez quería destapar son, en rigor, de la Guerra Civil española (1936-39) y no de la dictadura (1939-75).
El otro caso en el que Garzón tendrá que defenderse es el de unos pagos que percibió del Banco Santander, donde también se le aplica la figura de prevaricación, la más grave que se le puede imputar a un juez. En este escenario, procesado por tres causas diferentes, no deja de sorprender que Garzón permanezca como asesor del Tribunal Internacional de Derechos Humanos. El fiscal jefe del mismo, Luis Moreno Ocampo, le convocó como gesto de desagravio internacional en claro desafío a la justicia española. Moreno Ocampo, fiscal adjunto durante el juicio a las Juntas militares argentinas –su relación con Strassera fue terrible-, debería haber meditado antes de dar ese paso. Al no hacerlo, el mensaje que transmite no es bueno: Algunos y para colmo jueces, pueden estar por encima de la ley.
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