El Gobierno anunció todas las buenas noticias de la reforma fiscal juntas: tipos más bajos, deducciones familiares más altas, rebaja en el Impuesto de Sociedades, … y como nos teníamos, las medidas más controvertidas y polemicas se dejaron para el lunes.
Así, la semana comenzó con la confirmación de que los trabajadores despedidos pagarán a Hacienda una parte de lo recibido. Argumenta el Gobierno que hay abusos y que hay quien pacta con su empresa indemnizaciones millonarias a costa de las arcas públicas. Pero lo cierto es que la medida aprobada, que deja exento solo 2.000 euros por año trabajado perjudica y mucho a trabajadores con mucha antigüedad. Son estos los que tienen derecho a indemnizaciones de 45 días por año, y además, al ser normalmente los de mayor edad, también son los que van a tener más dificultades para volver a encontrar un puesto de trabajo. Es verdad que durante estos años de crisis han salido muchos empleados de banca, o de grandes empresas con elevadas indemnizaciones. Pero también tienen que subsistir con ese dinero probablemente ya hasta la jubilación. ¿Tiene sentido? Parece que no demasiado sobre todo teniendo en cuenta el escaso impacto recaudatorio que tiene esa medida. Si hay abusos que se atajen, pero recaudar por recaudar no tiene demasiado sentido. En los presupuestos de 2014 apenas se destinan 137 millones de euros a esta partida, casi una décima parte de lo que cuestan las deducciones por planes de pensiones y desde luego por compra de vivienda.
Otra medida también profundamente impopular es la supresión de la deducción del alquiler, de la que solo se benefician las rentas inferiores a 24.000 euros. El coste para las arcas públicas también es mínimo: menos de 170 millones de euros. La supresión de esta deducción se comería toda las mejoras que por tipos o deducciones familiares se han introducido. Y además afecta especialmente a los jóvenes con bajos salarios. «Si no cambian de casa no les afecta» argumenta Hacienda. Pero la movilidad es muy natural entre los jóvenes y, además debe serlo. No se les puede condenar a mantenerse en la misma vivienda.
La reforma fiscal tiene muchos aspectos positivos, pero hay medidas que el Gobierno debería replantearse. El coste social de aplicarlas es demasiado alto para el escaso ahorro fiscal que suponen.
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