El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha aprovechado el ineludible cambio del ministro de Trabajo para hacer una remodelación del Ejecutivo en toda regla. De hecho, probablemente sea el mayor ajuste de gabinete que Zapatero ha llevado a cabo desde que llegó a La Moncloa en 2004. Pero hay algo que a mí no me cuadra. El presidente reconoce que se trata de un Gobierno más político, pero asegura que su principal misión será concluir las reformas –económicas claro está- que nos permitan acelerar la recuperación económica y el empleo.
El ahora presidente de Caja Madrid y ex vicepresidente económico, Rodrigo Rato, decía que las reformas hay que hacerlas en los primeros años de la legislatura, porque a medida que se acercan las elecciones es más difícil poner en marcha medidas estructurales que aunque a largo plazo tienen beneficios para la economía y para el conjunto de la sociedad, a corto plazo suelen ser medidas impopulares y que generalmente conllevan el rechazo de buena parte de la sociedad.
Y si combinamos la proximidad de las elecciones, primero autonómicas y municipales, y menos de un año después generales, con un gobierno de carácter fundamentalmente político, permítanme que me surjan bastantes dudas sobre si se van a abordar las reformas pendientes o, al menos, si van a ser lo suficientemente profundas para impulsar el crecimiento y evitar que entremos en un largo periodo de estancamiento.
En este mismo sentido, el perfil del nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ligado a UGT, me hace pensar que la finalidad de este nombramiento es fundamentalmente recomponer las deterioradas relaciones con el mundo sindical, más que poner en marcha una profunda reforma de las pensiones que, aunque impopular, permita garantizar que en los actuales trabajadores y, por tanto cotizantes, también recibamos una pensión digna en el futuro. Y es que me resulta difícil entender que alguien que se ha manifestado en contra de la reforma laboral y del giro en la política económica del Gobierno sea ahora el encargado de completar ese giro. Ojalá me equivoque.
El problema es que como la propia ministra de Economía reconocía este fin de semana en una entrevista que publicamos en el suplemento dominical Empresa, España está bajo vigilancia y va a estarlo durante mucho tiempo, y no podemos permitirnos el lujo de incumplir los compromisos de déficit y las reformas anunciadas, porque la consecuencia inmediata sería que los inversores internacionales dejarían de comprarnos nuestra deuda, o la comprarían mucho más cara, lo que aumentaría nuestro gasto, nuestro déficit, lo que obligaría a recortar otros gastos o a subir impuestos, y entraríamos en una espiral de la que sería complicado salir.
Nos esperan, por tanto, unos meses cuando menos interesantes en los que veremos cómo un Gobierno esquizofrénico, más político que técnico y económico, se las arregla para poner en marcha unas reformas impopulares pero imprescindibles, en las que no cree, y además convence a los ciudadanos de que ahora son las mejores para España. Yo apuesto a que finalmente, y para desgracia de España y de la economía española, el nuevo Ejecutivo tirará por el camino de en medio haciendo reformas “light” para tratar de salvar la cara ante los mercados internacionales, pero sin entrar en profundidades. Eso sí, si los mercados lo permiten, porque por mucho que nos duela, estamos tan endeudados que dependemos de los inversores.
