Estando el ambiente tan caldeado, sólo hacía falta un detonante. El detonante lo proporcionó la violación y asesinato de una mujer budista rajain, aparentemente por musulmanes, en mayo. Inmediatamente se desencadenó un pogrom. Aldeas y barrios rohingyas fueron incendiados. Se produjeron linchamientos. Al menos 75.000 rohingyas se vieron desplazados y muchos terminaron en campos para desplazados internos. Una novedad fue que en esta ocasión la violencia también alcanzó a los kaman, una minoría musulmana que sí que está reconocida por el Estado.
Mientras que los sucesos de junio y julio habían sido más o menos espontáneos, en octubre se desató un nuevo pogrom que estuvo mucho más organizado. Nuevamente hubo quema de casas, comercios y mezquitas, ante la pasividad, cuando no la connivencia de las fuerzas del orden. Se produjeron entre 35.000 y 50.000 desplazados adicionales. En los campos en los que fueron confinados, tenían restricciones severas de movimiento y su acceso a los hospitales, a la educación y al trabajo era casi nulo.
El 9 de octubre de 2016 un hasta entonces desconocido ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) atacó tres puestos fronterizos en el norte de Rajáin, matando a 9 policías. Esto proporcionó la excusa al Ejército para lanzar una campaña anti-rohingya aún más virulenta que la de 2012*. Esta vez la panoplia de acciones incluyó también ejecuciones extrajudiciales, violaciones en masa y desapariciones. Entre octubre y diciembre 75.000 rohingyas escaparon a Bangladesh. Se estima que hubo varios centenares de muertos, pero el bloqueo informativo impuesto por el Ejército impide mayor precisión.
El Ejército extrajo dos lecciones de esta operación que se produjo en un contexto de apertura del país, con lo que ocultar los hechos resultaba más difícil que en el pasado. La primera, que la comunidad internacional protestaría, pero no reaccionaría con contundencia. La segunda, que no cabía esperar intervención por parte del gobierno civil, ni de su líder Aung San Suu Kyi. El silencio y la inacción de Aung San Suu Kyi, que también fueron su respuesta ante la limpieza étnica de 2017, se explica por dos motivos: 1) El deseo de no antagonizar al Ejército. Durante estos años Aung San Suu Kyi fue muy cuidadosa de no traspasar líneas rojas, reales o autoimpuestas, para no provocar una reacción de los militares; 2) Sus acciones y lo que dijo y lo que no dijo, muestran que su visión de los rohingyas no difería de la que mantenían los bamares y los rajáin. No reconocía que fueran una etnia, no admitió que se hubiera producido una limpieza o un genocidio y defendió a los militares ante las acusaciones del Tribunal Internacional de Justicia.
La limpieza étnica y el genocidio de 2017
En una acción más amplia el 25 de agosto de 2017 el ARSA atacó varias decenas de puestos policiales fronterizos y mató al menos a doce policías y funcionarios de las fuerzas de seguridad. El Ejército reaccionó lanzando una operación de limpieza. En esta ocasión las acciones mostraron que había la voluntad de borrar por completo la presencia rohingya en el norte de Arakan y de imposibilitar el regreso de los rohingyas que se refugiasen en Bangladesh. Se quemaron las aldeas y sus cultivos y en su lugar o bien se instaló a nuevos pobladores rajáin, o bien se construyeron edificios oficiales. 700.000 rohingyas buscaron refugio en Bangladesh; entre el 60 y el 70% de los que vivían en la región. El Alto Comisionado para los DDHH, Zeid Raad al-Hussain, declaró que en Arakan se había producido una limpieza étnica de libro. La Misión de Investigación Independiente sobre Myanmar elaboró un informe que dio a conocer en 2018 en el que afirmó que en Arakán se habían producido “crímenes contra la humanidad” y “genocidio”.
La reacción de Bangladesh ante el éxodo rohingya fue en esta ocasión muy positiva. Abrió sus fronteras y permitió la entrada masiva de refugiados. Asimismo coordinó la ayuda humanitaria con NNUU y las ONGs y ayudó a la construcción de unos de los campamentos de refugiados más grandes del mundo. La generosidad de Bangladesh, aunque loable, se basó en algunas premisas erróneas. La primera ministra Sheij Hasina estimaba que su posición realzaría tanto su imagen exterior como la de su país. Hubo realce, pero a la larga no compensó ni el malestar social por la entrada de los refugiados, ni el gasto que supusieron para las arcas bangladeshíes. La ayuda humanitaria recibida fue menor de la que esperaba el gobierno bangladeshí. La tercera y más crucial premisa errónea fue que lo que Sheij Hasina había pensado que sería una operación limitada en el tiempo, que terminaría con un rápido retorno de los rohingyas a Myanmar, se convirtió en una presencia permanente y sin visos de terminar.
La situación de los rohingyas desde 2017 hasta el presente
En los más de ocho años transcurridos, el temor bangladeshí a que el problema se perpetuase, se ha confirmado. En la actualidad hay más de un millón de rohingyas en Bangladesh, producto de nuevos éxodos posteriores a 2017 y del crecimiento vegetativo de la población rohingya. Desde 2018 los intentos de repatriación han chocado con los escollos de que fuese voluntaria y de que se garantizase la seguridad de los rohingyas. En la situación actual de conflicto civil en Rajáin entre el Arakan Army de la etnia rajáin y el Ejército birmano, no se dan unos mínimos para poder proceder a la repatriación.
En Cox’s Bazar, la provincia más pobre de Bangladesh los rohingyas se reparten en 33 campamentos distintos en un terreno arenoso y desigual, vulnerable a los incendios y a los tifones, cuya intensidad ha aumentado en los últimos años. En 2016 el gobierno bangladeshí comenzó a reubicar por la fuerza a varios miles de refugiados en la isla de Bhasan Char. El movimiento fue muy discutido tanto por la falta de voluntariedad como por las condiciones de la isla, que es proclive a las inundaciones.
Los problemas de los refugiados rohingyas son numerosos: enfermedades infecciosas debidas a la mala calidad del agua, al hacinamiento y a las pobres condiciones sanitarias; problemas de salud mental, con muchos de ellos sufriendo del síndrome de estrés post-traumático y con numerosos casos de drogadicción; mala situación de las mujeres, con numerosos casos de violación, de matrimonios tempranos y de embarazos repetidos con pobres condiciones higiénicas y sin atención médica; problemas para acceder a la educación y nulo acceso a la educación en bengalí, ya que el deseo de las autoridades bangladeshíes es que los rohingyas no se perpetúen en Bangladesh…
La situación descrita ha hecho que algunos refugiados optasen por regresar a Rajáin, a pesar de que no se dan unas condiciones mínimas de seguridad, y que otros emprendieran arriesgadas travesías en barco en dirección a terceros países. Otro fenómeno que ha empezado a darse es el de la radicalización de los refugiados más jóvenes. El ARSA y la renacida Rohingya Solidarity Organization han comenzado a reclutar en los campamentos y combinan en sus campañas de reclutamiento la propaganda de un nacionalismo islámico y las amenazas.
Mientras que la situación está así en Bangladesh, en Myanmar parecen haberse convertido en peones del conflicto civil que afecta al país y que es especialmente agudo en Rajáin.
En 2024 el Ejército birmano comenzó a reclutar rohingyas para luchar contra el Arakan Army. A los reclutados se les dio un entrenamiento mínimo y se les prometieron carnés de identidad, arroz y un modestísimo salario. El Arakan Army ofreció refugio a los rohingyas que huían del reclutamiento y les invitó a unirse a sus filas. El acercamiento del Arakan Army a los rohingyas hay que verlo como puramente táctico; pueden servirle como peones contra el Ejército birmano. Nada prueba que el sentimiento antirohingya se haya atenuado.
El único acontecimiento positivo para los rohingyas que se ha producido en estos años ha sido que el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), constituido tras el golpe de estado del 1 de febrero de 2021 y de composición mayoritariamente bamar, ha emprendido un acercamiento a las minorías étnicas que ha implicado el reconocimiento de los errores cometidos en el trato que se les dio en el pasado. En este contexto el NUG ha reconocido los crímenes de guerra cometidos contra los rohingyas por parte del Ejército birmano. Una primicia en las relaciones entre los bamar y los rohingyas.
Conclusión
La situación de los rohingyas sólo tiene un adjetivo: “imposible”. Viven en condiciones cada vez más precarias en un país que sólo piensa en que se vayan. El retorno a Rajáin está plagado de riesgos. La solución de una relocalización en tercero/s país/es no parece viable. Simplemente son demasiados. ASEAN, que debería intervenir o al menos ofrecer ayuda humanitaria, ha optado por no implicarse. La causa de los rohingyas es una causa huérfana, que no despierta el tipo de interés internacional que han despertado otras causas.
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