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España pierde por desidia el futuro del galeón San José en Colombia

España pierde por desidia el futuro del galeón San José en Colombia
Spanish Prime Minister Pedro Sanchez (L) shakes hand with Colombian president Ivan Duque at Casa Narino palace during the two day official visit in Bogota, Colombia, on August 30, 2018. (Photo by Raul Arboleda / AFP)
Jesús García Calero el

La desidia es una de las pocas explicaciones posibles ante la grave falta de iniciativa y de estrategia que el Gobierno de España ha manifestado durante los últimos años para salvar de un expolio casi seguro a los galeones hundidos en los mares del mundo. En Colombia, desde que el expresidente Juan Manuel Santos anunciase en diciembre de 2015 el hallazgo del galeón San José -un galeón hundido en 1708 durante un combate contra una escuadra inglesa-, el Gobierno de España ha permanecido en una pasividad pasmosa.

Cuadro de Samuel Scott, la versión inglesa del naufragio del San José

Santos diseñó el proyecto de explotación comercial del tesoro del galeón con una empresa (Maritime Archaeology Consultants Switzerland, por sus siglas MACS), amparado en el secreto de Estado con el fin de repartirse el botín con conocidos cazatesoros y financieros de la City londinense. Además, empleó el hallazgo para agitar sentimientos antiespañoles que ayudaron a difuminar sus problemas en la economía doméstica. Pese al trato humillante, impropio de un país amigo y aliado en tantos asuntos -especialmente en el terreno cultural-, durante tres años una España paralizada no ha sido capaz de presionar, ni de presentar proyectos alternativos o explorar posibilidades para que Colombia aceptase un proyecto conjunto. Cabe recordar que Francia solo tardó dos meses, septiembre y octubre de 2017, en preparar un proyecto alternativo y más barato (con poco o ningún conocimiento de España) que presentó a Colombia, aunque fue rechazado.

Dos folios
Tras el cambio de Gobierno, tanto en Colombia como en España, el asunto del galeón San José mejoró, pero lo único que ha ocurrido en los últimos meses es que el Ejecutivo de Sánchez ha preparado un borrador de dos folios para un Memorando de Entendimiento, un marco diplomático que puede sentar algunas bases para una futura cooperación. Pero en Colombia, durante los últimos tres meses han ocurrido muchas cosas.

El Gobierno ha estado puntualmente informado a lo largo de los años, tanto por la legación española en Bogotá como por otras fuentes, sobre la importancia que el caso del galeón San José tendrá sobre las decenas de galeones españoles hundidos en aguas americanas, que son el objetivo de la industria cazatesoros. Las investigaciones de ABC y ESPEJO DE NAVEGANTES han sido también un hito porque han sacado a la luz aspectos ocultos del proyecto colombiano.

Pero la falta de estrategia del Gobierno de España ha impedido durante estos años decisivos valorar el impacto positivo para la imagen de España que tendría el estudio conjunto, con países como México y Colombia, de los restos de los viejos navíos de Indias, y de las nuevas vías de cooperación científica e innovación tecnológica que se abrirían ante un proyecto de tanto calibre. Esto se ha despreciado. De hecho, con México también se firmó un Memorando de Entendimiento y cabe decir que ese documento es el único resultado de la cooperación sobre galeones. Ni un proyecto, ni la posibilidad concreta y futura de un proyecto han asomado todavía. Es como si España no pudiera pasar de esos primeros documentos.

Acción en Colombia
Tras la salida de Santos y la llegada de Iván Duque a la presidencia colombiana, el proyecto de explotación del tesoro del San José quedó congelado hasta febrero próximo. Pero en Colombia los cambios no han afectado a quienes sabel del caso. Al frente del Instituto Colombiano de Antropología e Historia Nacional (ICAHN) sigue Ernesto Montenegro, el «fichaje» de Santos, con problemas de currículum, para pilotar el proyecto del galeón desde la Administración. De hecho, Montenegro ha protagonizado una gira de conferencias y actos académicos en un intento de aportar pátina científica al dudoso proyecto que patrocinó.

Al frente de la asesoría jurídica del Ministerio de Cultura sigue Juan Manuel Vargas, valedor de la fórmula legal elegida para el galeón, la APP, Asociación Público Privada, un tipo de contrato pensado para infraestructuras que sigue esperando que llegue febrero para volver a «despertar».

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue ministro de presidencia con Santos y consolidó la operación galeón como miembro de la Comisión de Antigüedades Náufragas entre julio de 2015 y noviembre de 2016. Hoy, acechado por el escándalo Odebrecht, aguanta en el puesto, asegurando, según fuentes jurídicas colombianas, que no habrá investigación penal de las irregularidades detectadas en el caso del galeón.

La Procuraduría, que abrió una investigación meticulosa de la legalidad de la APP, guarda silencio mientras su titular, Fernando Carrillo, ha tenido que dar explicaciones sobre sus contratos con el grupo AVAL en el mismo caso.

El precio de la pasividad
Fuentes bien informadas opinan que la pasividad mostrada por España ha permitido replegarse a los representantes de los millonarios intereses todavía puestos en juego sobre el galeón San José. Uno de los socios de los cazatesoros de MACS es Ocean Infinity, empresa que ha obtenido prestigio por el hallazgo del submarino argentino ARA San Juan y ahora podría estar planteándose presentar otra APP al Gobierno de Duque. Según se comentaba ayer en el diario El Espectador, pasado el límite de febrero próximo, plantearían una licitación, en la que seguro que contarían con la participación de una universidad colombiana. Hay quien teme que esa contratación de una universidad sería la nueva condición de la Administración Duque para reactivar el proyecto de Santos, dando protagonismo a científicos y controlando la participación de los viejos socios del expresidente. Y ya existe una universidad de referencia en Cartagena de Indias, que recientemente ha puesto de largo un curso especializado sobre arqueología subacuática. ¿Es esa la estrategia de Duque?

Mientras todo esto ha ido aconteciendo, ¿qué ha hecho España, qué ha puesto sobre la mesa, cómo se ha aprovisionado de razones, medios y proyectos para jugar un papel en el futuro del San José? Podrían establecerse vínculos entre Universidades de ambos países, podría contarse con la experiencia y el criterio del CSIC. Podrían organizarse sesiones académicas… Ya conocen la respuesta.

Imagen de un galeón del XVII en el diccionario de Rafael Monleón, en el Archivo del Museo Naval de Madrid

La última palabra sobre lo que ocurra con el galeón San José la tendrá la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En su mano está encontrar una solución razonable y factible, que no suponga un conflicto diplomático e integre a los principales actores en un proyecto realmente científico. Pero, ¿España ha planteado una estrategia a la altura de un proyecto como ese? Desgraciadamente la respuesta es no. Un Memorando de dos folios no es bastante. Deberíamos haber hecho mucho más en los 1.101 días transcurridos desde el anuncio del hallazgo del galeón.

A la vicepresidenta deberá presentar el Gobierno español el Memorando de Entendimiento, cuando lo acabe, pero habrá que negociar algunos términos. Lo lógico es que ella lo reciba y lo estudie, pero si no se dilata más el plazo, nada se habrá hecho en febrero, cuando acaba el tiempo dado para reactivar el sistema de APP.

Y el Memorando, según varios analistas, en lugar de hablar, como Sánchez y Duque pactaron, de todo menos de la propiedad -de patrimonio común y compartido al fin y al cabo-  habla de «derechos derivados del descubrimiento» y de buque de Estado. La negociación se prevé ardua.

En este sentido, el abogado José María Lancho, experto en patrimonio subacuático, lamenta que «si aceptamos que la localización y el descubrimiento del galeón generan derechos para Colombia estamos reconociendo no solo los derechos de Colombia sino de la empresa que originalmente lo localizó y la que luego se asoció con Santos, que también hizo esas labores de “descubrimiento”».

En opinión de este especialista, crítico con algunos términos del Memorando, «el lenguaje de los cazatesoros y especialmente sus ecuaciones jurídicas, relacionadas con el derecho de hallazgo y de salvamento que son las que les sirven para funcionar por todo el mundo acabarían plasmadas en un documento que firmaría España sellando no solo el futuro del galeón San José sino condicionando todo nuestro legado sumergido en aguas americanas».

Derechos de Colombia

Como conclusión, para Lancho, «los derechos que pueda invocar Colombia solo pueden ser dos y ninguno exclusivo frente a España: su compromiso irrevocable con la protección y conservación de ese patrimonio y su vinculación histórica al mismo puesto que son una sociedad hispánica continuadora de aquellos españoles europeos y españoles americanos que se hundieron combatiendo por la misma causa. En ese punto, España debe hablar de patrimonio común y patrimonio compartido y fijar su política y su firme propuesta para todo el continente».

Políticamente, entre los grupos más sensibilizados está Ciudadanos. Su diputado Guillermo Díaz declaró a ABC que «renunciar a participar en el futuro del galeón San José es dar la espalda a nuestro pasado, a una oportunidad de cooperar con Colombia. Nuestro grupo está muy pendiente de este tema. No vamos a cejar en nuestro empeño para que el San José sea tratado como lo que es: historia de España, por tanto, de interés general de todos los españoles».

Para Díaz, “la dejadez a la hora de defender los intereses de España y proteger el legado de nuestra historia es preocupante. La inacción de los sucesivos Gobiernos cuando se trata de asuntos como el galeón San José denota el escaso valor que dan a nuestra historia común.  Se trata de un tesoro que debe ser estudiado por científicos e historiadores. No puede ser objeto de especulación ni debe caer en manos de cazatesoros”. A su modo de ver, “en estos tiempos en los que somos objeto de nuevo de una campaña de desprestigio por parte de quienes quieren una España más débil, proteger y reivindicar el pasado en el que se cimenta el Estado es una obligación del Gobierno”.

 

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