Los gestos de buenismo del nuevo Gobierno socialista están muy bien. Que si la sanidad universal gratis para todos, que si las puertas abiertas para los inmigrantes, que si retirar las concertinas de la valla de Ceuta y Melilla. Cualquier ciudadano que tenga un poco de humanidad apoya estas decisiones.
Pero esta no es la cuestión. El problema es que tomar estas medidas a la carrera y sin analizarlas en profundidad, tiene consecuencias. La primera es la pregunta de ¿quién paga la factura?
En el caso de la sanidad no es una broma, porque ya sabemos lo que le costó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó un pufo de 16.000 millones en la sanidad española, cuando abandonó el poder.
Una deuda que está en el origen de las medidas urgentes que tuvo que adoptar el Gobierno de Rajoy para intentar salvar la sostenibilidad del sistema sanitario, uno de los mejores del mundo.
En 2012 había que reducir de forma urgente 7.000 millones de gasto, frenar el desmesurado gasto farmacéutico y poner orden en el descontrol de las tarjetas sanitarias.
Los llamados recortes no fueron más que intentar contener la sangría de dinero que se iba por el sumidero de la sanidad. No sé si a lo mejor habría que haber puesto en marcha otras medidas, pero lo cierto es que, o se reducía el gasto o el sistema estaba en peligro.
Ahora se vuelve a las andadas y se habla de la vuelta a la sanidad universal. Las autonomías ya le han advertido al Gobierno que, si les obligan a aumentar el gasto, pedirán más financiación estatal. O sea, más dinero que tiene que salir del bolsillo de todos los españoles.
A mí no me importa aportar para el que menos tiene, pero, por favor, que se gestione de una forma eficaz y no haya que tirar toneladas de medicamentos porque al final se compran y no se consumen.
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España Paloma Cervillael