Lo que está sucediendo con la Justicia de este país es una vergüenza. Que los políticos se permitan la licencia de meter mano en uno de los poderes más importantes del Estado es no tener claro qué es la democracia y, lo que es peor, un Estado de Derecho. No se pueden aplaudir las decisiones de los jueces españoles cuando me dan la razón e intentar desprestigiarlas, e incluso querer modificarlas, cuando no me gustan. Y lo digo por dos hechos lamentables que están sucediendo en este país. El primero afecta al juez Eloy Velasco, que ha osado dictar un auto en el que vincula a ETA con el gobierno venezolano, le pide al Gobierno que lo tramite y se lo envíe a este país sudamericano, y el Gobierno de Zapatero se arruga ante las críticas del caudillo Hugo Chaves y decide retenerlo, e incluso, ¿estaremos locos?, dice que lo va a revisar porque enfada demasiado al presidente venezolano. ¿Pero desde cuando un Gobierno mete el lapiz en un auto judicial?
El segundo caso se refiere al juez Baltasar Garzón, un polémico juez que perdió su inocencia el día que decidió formar parte de las listas electorales del PSOE . Desde ese día quedó contaminado para siempre. Pues aquí también el Gobierno intimida a la Justicia, en este caso al Tribunal Supremo, que tiene que ver si el juez se extralimitó en asuntos como el caso Gürtel, la Ley de Memoria Histórica o la decisión de aceptar dinero del Banco de Santander para unos cursos en Nueva York. Sean como sean las resoluciones de estos dos casos, aquí todo el mundo lo que tiene que hacer es acatarlas. Pero, aún así, ya es demasiado tarde, el daño ya está hecho.
España Paloma Cervillael