No era posible que dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no supieran nada de lo que se cocía en las cocinas de su gobierno con el dinero de los desempleados y que campaba a sus anchas, sin control ninguno, en ERE que luego resultaron ser falsos. Vamos, que se metían intrusos en expedientes de regulación de empleo y después se les pagaba una pasta sin que hubieran trabajado en las empresas. Y todo ello con la advertencia reiterada del interventor de la Junta, al que nacía le hacía caso por si acaso se descubría la melé.
Pues después de diez años (2000-2010) mirando para otro lado, ahora ha llegado un juez y ha puesto negro sobre blanco, después de la investigación llevada a cabo, contra viento y marea socialista, por la juez Mercedes Alaya. Se acabó la fiesta, o empieza de verdad, ya que el juez que instruye el caso ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha propuesto continuar el procedimiento contra José Antonio Griñán, Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías por presunta prevaricación administrativa y en el caso de Viera, también por posible malversación de fondos públicos.
El juez lo dice muy claro: «Se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado».
Y ahora todos ellos tendrán que explicar ante un juez cómo era posible que hasta 1.200 millones se repartieran sin control alguno en lo que podría ser uno de los mayores casos de corrupción de la historia democrática de España. Y tendrán que justificar su ignorancia sobre este procedimiento, como ellos argumentan para intentar quitarse el muerto de encima. Pero este muerto está muy vivo y pocos se creen que ninguno de los dos expresidentes y, sobre todo, Gaspar Zarrías, al que nada se le escapaba de lo que sucedía en Andalucía, no supiera nada del manejo del dinero.
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