Que la economía española vive un momento crítico, con un paro récord y una recesión galopante, es una evidencia. Los datos cantan. Pero no por eso quienes recurren a la percusión tienen más argumentos y, menos aún, soluciones para salir definitivamente de esta larguísima crisis que nos azota. El último Consejo de Ministros, en el que el Gobierno aprobó una serie de reformas, no cumplió las expectativas para una parte importante de la opinión pública y publicada, y se podrían esgrimir algunos argumentos, sobre todo los que tienen que ver con la necesidad de aplicar incentivos económicos: hay que bajar impuestos, para algunos; debe llegar el crédito de los bancos a las pymes, para todos, y, en última instancia, se necesita dinamizar una economía casi paralizada. El Ejecutivo de Rajoy tiene razón en que primero había que enderezar el déficit para reconducir una economía totalmente desequilibrada, como también ahora, según defiende ante Alemania y Bruselas, se requiere que el propio sistema, bien ahondando en la unión bancaria y en que el Banco Central Europeo puede recurrir a inyectar dinero en la economía, no basta con la contención. Tampoco eso es incompatible con exigir al Gobierno que aproveche esta crisis para reducir drásticamente la estructura del sector público que lastra (y amenaza con hacerlo también en el futuro) nuestra economía.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, surgen salvadores de la patria que plantean alternativas, ya no económicas, sino políticas. Allá donde sería lógico cuestionar unas recetas, siempre opinables, se cuestiona la legitimidad democrática de un Gobierno que sigue teniendo mayoría absoluta. Allá donde lo que se demanda son alternativas a una política económica, se pretende que el PP renuncie a su responsabilidad de adoptar decisiones y convoque elecciones. Allá donde se buscan aportaciones y soluciones serias a la parálisis, se busca que quien preside el Gobierno legítimo de todos los españoles tire la toalla. No es el caso del PSOE, que, no obstante, se mantiene atrapado entre un pasado con un fracaso responsable en parte de esta situación y la necesidad de salir de su menguante expectativa electoral recurriendo a soluciones de izquierdas. Y no es precisamente el presidente andaluz, José Antonio Griñán, el más autorizado moralmente a plantear un pacto con el Gobierno del PP. Después de más de 30 años de recetas socialistas en Andalucía, su partido ha logrado el dudoso honor de que esta comunidad encabece estos tres ranking: el de paro, el de corrupción y el de fracaso escolar. Eso sin contar con que durante todo este tiempo jamás el PSOE atención una sola demanda de pacto global que viniese de los populares.
Precisamente por ser grave, la situación en España no requiere ni de elecciones, ni de renuncias, ni de modificar un momento político que, guste o no, aporta la mayor estabilidad de los países europeos de nuestro entorno: mayoría absoluta y tiempo por delante para adoptar decisiones, muchas de ellas impopulares. Por mucho desgaste electoral que pueda sufrir el partido en el Gobierno, lo importante es que cuando se agote la legislatura, este país esté ya creciendo y creando empleo.
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