ETA, una derrota provisional

En una cordial pero intensa discusión que mantuvimos recientemente, el veterano socialista vasco Ramón Jáuregui, político de trayectoria intachable y al que siempre hay que escuchar, me instaba a que dejáramos de decir que ETA había sacado algún beneficio político de sus cuarenta años de crímenes. Y remataba, una y otra vez: “ETA está derrotada. ETA ha perdido”, no sin recordar que la foto de Durango en la que comparecieron algunos presos no era sino la “imagen de la derrota”, frente a la interpretación lanzada por algunos sectores y parte de las asociaciones de víctimas. En este punto le doy la razón. Como demostró ABC recientemente, detrás de la instantánea que el mundo proetarra vendió con tanta insistencia, no había sino la ausencia de al menos la mitad de los excarcelados por el tribunal de Estrasburgo, que han desistido de cooperar con Sortu, y una clamorosa división interna que no se compadecía con esa aparente unidad.

Sin embargo, como reiteré a Jáuregui, existe otra cara de la moneda. Y no tanto (que también) la pendiente reparación a las víctimas y la exigencia aún incumplida de que los asesinos les pidan perdón. En términos de estrictos objetivos políticos, nos encontramos todavía en un proceso que no ha acabado. Si tres años después del pomposo anuncio de “alto el fuego permanente, general y verificable”, asumimos que ETA no va a volver a matar, y no precisamente por su convencimiento voluntario, sino porque ha sido descoyuntada en términos operativos y está plenamente controlada, resta aún el paso definitivo: la entrega de las armas y su disolución. No se trata solo de la reiterada necesidad de que sí haya vencedores y vencidos, sino de que la banda, mediante sus brazos legales (ahora, Sortu, Bildu y Amaiur), esté haciendo política, gobernando ya instituciones importantes (Ayuntamiento de San Sebastián, Diputación de Guipúzcoa…) y aspirando a sumar nuevas conquistas: una paz equitativa, basada en un empate después de una suerte de guerra entre dos bandos, y, por qué no, influir decisivamente o presidir un día el Gobierno vasco o el Gobierno navarro. Por poco que nos guste, nada podríamos objetar si así lo decide una mayoría de vascos o navarros. La cuestión está en el ventajismo que supone hacer política con una banda terrorista detrás que aún no se ha disuelto ni entregado las armas. O la capacidad de chantaje que, aun no siendo la que tuvo cuando mataba, es notable todavía cuando se tienen cartas en la manga que ofrecer a una sociedad capaz de ser sumamente generosa con tal de que no se den “pasos atrás”.

Por eso, cuando la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, reclama a su propio presidente nacional, Mariano Rajoy, apoyo e iniciativa para liderar políticamente la etapa posETA, habría que ser tan decididos como cautos, tan generosos como firmes. Se puede ser flexible siempre que la banda terrorista y todo su mundo tomen decisiones indiscutibles. Pero, hay una pregunta que no me resisto a hacer: ¿cuántos pasos reales ha dado el “complejo ETA” desde su anuncio hace tres años y desde que la sociedad española fue generosa legalizando sus marcas políticas? No se me ocurre ninguno.