El Tribunal Constitucional ha suspendido la declaración soberanista en la que el Parlamento autonómico consideraba a Cataluña “sujeto político y jurídico soberano”. Claro. Una resolución parlamentaria que expresamente sienta las bases de un anunciado proceso (político y jurídico) hacia la independencia no puede ser pasada por alto por la institución que vela precisamente por la constitucionalidad o no de las decisiones que toma cualquier otra institución. Como si el Constitucional se planteara el suicidio jurídico del Estado que defiende. En un ejercicio de tancredismo político intencionado, el president Mas y su portavoz, Francesc Homs, escenifican una incredulidad política más propia de farsantes que de responsables políticos. Porque sólo se puede hablar de farsa cuando un jefe de Gobierno, consciente de abrir una senda ilegal e inconstitucional, se propone seguir adelante por encima de los reveses judiciales y pretende además que las instituciones del Estado le pongan la alfombra roja. La misma farsa que desprende el portavoz de la Generalitat cuando, presumiendo además de jurista, argumenta que el Estatut recoge que “los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña” , mientras le parece menor que a continuación especifique que (dicho Estatut) “emana a su vez de la Constitución (para la cual la soberanía reside en el pueblo español). Idéntico paripé que alegar que el Estatut prevé la posibilidad de celebrar consultas, sabiendo que la Carta Magna expresa de forma inequívoca que en cualquier consulta (y no digamos si es para la separación de un territorio del resto) debe pronunciarse todo el pueblo español. Todo eso lo saben, por supuesto, pero prefieren obviarlo aun siendo conscientes de que engañan a los catalanes.
Pero la farsa no acaba aquí. Dado que el propio Mas ha reiterado que sigue adelante con el proceso hacia la independencia por muchos tribunales que se pronuncien contra sus iniciativas, cabe preguntar al secretario general del PSOE por el papelón del PSC en el escenario. ¿Se puede estar con un pie en cada una de las posturas encontradas? ¿Es aceptable políticamente que los socialistas catalanes jueguen al juego de Mas y ERC participando en todas aquellas reuniones y órganos que pretenden avanzar hacia la independencia de Cataluña? ¿Puede defender el PSC al mismo tiempo la Constitución y el ejercicio del derecho a decidir como si éste último precisamente no hubiera sido garantizado por la Carta Magna desde que se creó la autonomía de Cataluña? ¿Es aceptable que el portavoz del PSC recalque que “Cataluña tiene derecho a decidir colectivamente su futuro”, de lo que hay que colegir que al margen del resto de España? Demasiadas preguntas sin contestar para Rubalcaba
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