Haber convertido a un país rico como Venezuela en el país más pobre de América, por detrás incluso de Haití, como cuenta Ludmila Vinogradoff, tiene realmente mucho mérito. Casi tanto como suscitar una rara confluencia de los partidos políticos españoles -con la excepción de quienes se han beneficiado del régimen- en reclamar a Nicolás Maduro que ponga en libertad a todos los presos políticos y termine con un sistema que es corrupto por cualquier lado que se le mire.
Sumido en el caos, destrozado institucionalmente, deshecha la separación de poderes (con una Asamblea Nacional secuestrada y un Poder Judicial sometido), un país en el que hay 30.000 muertes violentas al año, es el mayor enfermo de América Latina en estos momentos. No es de extrañar, con un presidente cuya principal actividad es meter a los opositores en la cárcel, echar las culpas a los demás de los males de Venezuela y rebuscar los insultos más peregrinos para quienes ha elegido como enemigos perpetuos.
El último episodio de sus ataques a Mariano Rajoy ha provocado, como en otras ocasiones, que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya tenido que convocar al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, para protestar. Y el embajador, que ya está acostumbrado a la situación, escuchó a su interlocutor en Exteriores, como quien oye llover. No sólo eso: le falta tiempo para acusar al Gobierno español y al PP de llevar a cabo una campaña de apoyo a lo que califica de “sectores violentos” de la oposición venezolana y, nada menos que contra el Estado de Derecho en Venezuela, como si quedara algo de éste, después del paso del chavismo por el país.
Pedir respeto a Venezuela, como pide el embajador, resulta ridículo viniendo del representante de un Gobierno que no sólo insulta a gobernantes de otros países, democráticamente elegidos, sino que ha venido engrasando con sus petrodólares a grupos políticos dispuestos a extender el caduco ideario bolivariano tal como lo entendió Hugo Chávez.
Las acusaciones hechas por el embajador serían motivo suficiente para reclamar a su Gobierno un relevo. Por ahora, no parece que el Ejecutivo de Mariano Rajoy vaya a ir por esa vía, entre otras razones, porque quien le sustituyera actuaría posiblemente de igual manera, siguiendo las instrucciones de Caracas. Pero además, es que España no puede romper con una nación hermana como la de Venezuela ni dejar desamparados a millones de venezolanos que siguen reclamando una mayor implicación de la comunidad internacional en la presión para acabar con un régimen que les ha llevado a la ruina.
La intervención del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, invocando la Carta Democrática que puede llevar a la expulsión de Venezuela del organismo es cada vez más necesaria, algo en lo que coincidieron hace unos días en Madrid José María Aznar y Felipe González, que rara vez se presentan juntos en un acto. Solo la defensa de la democracia y la petición de libertad para Leopoldo López y el resto de los 110 presos políticos que hay en Venezuela consiguió poner de acuerdo a los dos ex presidentes.
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