El PSOE está pidiendo al Gobierno que establezca un diálogo directo con el Reino Unido para tratar el contencioso de Gibraltar. Es una petición acertada. El único problema es que hacen falta dos para un tango y el Ejecutivo de David Cameron ha estado haciéndose el sordo a las reclamaciones de las actuales autoridades españolas de establecer ese diálogo. Sólo ahora, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado por usar los medios legales a su alcance para hacer frente a las provocaciones gibraltareñas, Londres se ha movilizado.
Las continuas protestas españolas por el hostigamiento a los pesqueros o por los rellenos para ganar terreno al mar en las costas de Gibraltar tienen tanta eficacia práctica como las que presenta el Reino Unido a España por actuaciones de la Guardia Civil en las aguas que rodean el Peñón o por el paso de patrulleras españolas por esas aguas que los británicos y los gibraltareños consideran suyas y que Madrid no reconoce como tales. Es decir, las notas de protesta solo tienen como valor que quede constancia de ellas.
Desde que el PP llegó al poder a finales de 2011, el Gobierno ha venido pidiendo al Reino Unido la reanudación de las negociaciones sobre la soberanía del Peñón, en cumplimiento de la Declaración de Bruselas de 1984 por la que España puso fin al cierre de la Verja. Cameron se ha escudado en que no pude hacerlo si los gibraltareños no están de acuerdo con ello, pero esa condición no está ni en la Declaración de Bruselas, ni en las resoluciones de Naciones Unidas, que instan a Madrid y Londres a iniciar conversaciones para la descolonización de Gibraltar.
Los británicos son expertos en incumplir decisiones de organismos internacionales. Tal vez, por ello, recurre Cameron ahora a la Unión Europea, pero dudo de que si Bruselas da la razón a España en los controles que ejerce en la Verja, el Reino Unido vaya a acatar disciplinadamente esa decisión.
Tampoco creo que si España decidiera llevar el contencioso al Tribunal de la Haya y obtuviera una sentencia que, por ejemplo, dictaminara la ilegal ocupación del Istmo por Gibraltar, los británicos fueran a desmantelar todo lo que han construido en ese territorio usurpado en el siglo XIX, empezando por el aeropuerto.
Por eso, tengo mis dudas de que sea una buena idea internacionalizar y judicializar el conflicto. Y, desde luego, cogerse del brazo de Argentina no parece la mejor idea en estos momentos. La reclamación de las aguas que rodean el Peñón o del Istmo hará que surjan argumentos jurídicos a favor y en contra y, de hecho, en el propio Ministerio de Asuntos Exteriores español, ya los hay, como, por otra parte, no podía ser menos. En cualquier caso, sería un proceso largo, y a España, mientras no recupere la soberanía, le debe interesar resolver los problemas que le crea hoy Gibraltar, con sus acosos a los pesqueros, la extensión de su territorio o el fraude fiscal y el contrabando que detraen dinero a las necesitadas arcas españolas.
Desde luego, la vía del diálogo siempre será mejor que la de la confrontación, pero ha resultado claro que Londres sólo ha reaccionado cuando ha visto la firmeza de España. El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, habrá podido comprobar también a donde ha llevado su política nacionalista. Argumentar que la posición del Gobierno español es solo una cortina de humo para tapar casos de corrupción en el PP, no le servirá de mucho, porque no parece que la vida de los gibraltareños sea mucho más agradable ahora que cuando llegó a Convent Place hace año y medio. Y hacer afirmaciones como la de que el infierno se congelará antes de que Gibraltar retire los bloques de hormigón lanzados al mar, servirá para poco más que para conseguir un llamativo titular en los medios de comunicación.
Si esto fuera un partido de fútbol se podría decir que España ha conseguido que se dispute en la mitad del campo que pertenece al Reino Unido y ha provocado que el equipo de Cameron tenga serios problemas, entre otras cosas porque cuenta con un jugador, llamado Picardo, que va por libre y hace agua demasiadas veces.
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