No es de extrañar que al Gobierno de Mariano Rajoy se le abra ahora un nuevo frente de disidentes dentro de su partido a cuenta de la relación con Cuba. El asunto cubano siempre ha sido en España una cuestión de política interna, con diferentes percepciones por parte de los dos grandes partidos, pero ahora es más que probable que las discrepancias se pongan de relieve dentro del PP.
Rajoy y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, han dejado de considerar intocable la Posición Común Europea con respecto a Cuba, que impulsó José María Aznar en 1996 y eso es algo que dirigentes del PP como Esperanza Aguirre no terminan de comprender.
Este cambio de posición de España, que ha arrastrado a otros países reticentes a facilitarle las cosas al régimen de los Castro, ha facilitado que los socios de la Unión Europea hayan conseguido ponerse de acuerdo para ofrecer a Cuba el comienzo de la negociación encaminada a lograr un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.
A partir del 10 de febrero, en que el texto base será aprobado por el Consejo de Ministros de Exteriores, la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Catherine Ashton, podrá comenzar a negociar con el régimen castrista que, al parecer, está deseando hacerlo, después de haber aceptado que la Posición Común Europea siga vigente mientras duren las negociaciones.
García-Margallo ha asegurado que el acuerdo con Cuba, único país iberoamericano con el que la UE no tiene ningún tipo de convenio, sólo será posible si hay un compromiso de respeto de los Derechos Humanos por parte de Cuba. Unas palabras que no bastan para convencer a los más reacios a dar oxígeno al castrismo, que ven pocas diferencias entre esa posición y la que mantuvo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La discrepancia entre Aguirre y García-Margallo se puso ya de relieve tras el traslado a España del dirigente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid Ángel Carromero, condenado en la isla a cuatro años de cárcel por homicidio, como conductor del coche siniestrado en el que encontró la muerte el líder de la disidencia Oswaldo Payá. La presidenta del PP madrileño abogó por exigir una investigación del accidente, algo que el ministro no consideró necesario, después de los esfuerzos realizados para lograr la vuelta a España de Carromero. La petición de indulto para éste ha sido también motivo de discrepancia clara entre los dos.
García-Margallo ha optado por no romper los lazos con las autoridades cubanas, pensando que de esa forma tendrá una mayor capacidad de influir en posibles cambios democratizadores en la isla. Pero en su partido son bastantes los que no creen que esa actitud vaya a servir para que el régimen cambie.
Hace sólo unos días el diputado popular Teófilo de Luis denunciaba la oleada de detenciones de disidentes en Cuba para evitar que celebraran unas reuniones paralelas a la Cumbre de la Celac, que se celebra en La Habana. Detenciones sobre las que el Gobierno español no ha dicho una sola palabra, a pesar de que uno de los principales disidentes, José Daniel Ferrer, y su esposa, fueros arrestados por policías cubanos y llevados de vuelta a su ciudad de Santiago de Cuba, cuando acababan de entrevistarse con el embajador español en La Habana, Juan Francisco Montalbán. El embajador, por cierto, recibe, desde hace tiempo, con frecuencia a los opositores, sin que el régimen lo impida o exprese públicamente su malestar.
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