«Todo es falso salvo alguna una cosa» es una de las frases de Mariano Rajoy que ya pertenecen al argot político. La soltó en febrero de 2013 al lado de Angela Merkel. Cuatro días después de que se publicarán en El País los tan pronunciados «papeles de Bárcenas». Fueron sus primeras palabras sobre el caso que todavía no tiene fecha de juicio, pero continúa presente en la actualidad, sea en el final de Gürtel o en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la financiación irregular del Partido Popular. Rajoy con el «absolutamente falso» quería negar que los apuntes de la caja B —«M. Rajoy»—, tenían nada que ver con él. Pero que sí alguien los había reconocido —desde Pío García Escudero, Jaime Ignacio del Burgo o Jaume Matas—, pues serían verdad. Con ese «salvo alguna cosa» Rajoy inauguró nuestra posverdad sin que nadie la llamara así entonces.
Moverse en la ambigüedad, entre la verdad y la mentira, es una característica que se extiende a todo nuestro sistema político y se ha convertido en norma. Tenemos un relato y su contrario. En cualquier historia. Como explicaba de corrido Joaquín Ruiz de Infante, abogado del extesorero en su alegato final: «Dicen que es un mentiroso, después de sostener que los llamados “papeles de Bárcenas” son ciertos. ¿En qué quedamos? ¿Dice la verdad o miente? Si lo son, demuestran que mi cliente no se llevó una peseta del Partido Popular».
Son las mismas anotaciones de la «contabilidad extracontable» que la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional, esa que dicen que está en manos del Gobierno, asegura que ha quedado «abrumadoramente acreditada», por las que le preguntaron en el Congreso al inspector jefe de Policía, Manuel Morocho. Ratificó cauteloso que «indiciariamente sí» pertenecían al presidente del Gobierno. Nada nuevo. Fueron confirmadas por Bárcenas al juez Pablo Ruz el 15 de julio de 2013 en sede judicial. Y si te vas al auto de apertura de juicio oral de José de la Mata, la pieza UDEF-BLA Nº 22.510/13 como le respondió Morocho a Carolina Bescansa, recoge «el pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones vinculadas con el PP». Pero nadie recuerda que sólo van a juzgar al hombre de las finanzas, junto a Cristóbal Páez, y al arquitecto que reformó en negro la sede de Génova. Ni rastro de los políticos populares ni de los donantes.
El único que se ha sentado en el banquillo de los acusados ha sido Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica, quién donó al Partido Popular entre 1998 a 2006 casi 260.000 euros. Sería una de las empresas adjudicatarias de obra pública que generaba «contratos o facturas por supuestos servicios prestados por las empresas de Francisco Correa», como explicaba el comisario que empezó la investigación de Gürtel. Y ahora la parte ambigua. Si García Pozuelo ha pactado con la Fiscalía, ¿por qué no le pidió Concepción Sabadell que detallara cuáles eran las adjudicaciones por las que entregaba dinero a Correa? ¿Por qué obras concreta? ¿Qué año? ¿Por qué no se investigaron? ¿Por qué no admitieron las testificales de los ministros de Medio Ambiente y Fomento de la época para acreditar esa «corrupción en estado puro»? La verdad no se ha buscado y faltan días para que el Tribunal declare que el caso está visto para sentencia.
La causa que tiene más de un millón de folios arrancó con la denuncia de José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, entregada en mano a Morocho en Canillas. «Me la encomienda un superior. Fue una orden estrictamente policial, ni política ni judicial», afirmó el inspector a la portavoz de ERC, Ester Capella. También fue quién dio la orden en diciembre de 2007 de «establecer un dispositivo de vigilancia», controlado por el ministerio de Interior, de la grabación con más indicios de Peñas a Correa, aquella con el sonido de fondo del piano en el Hotel Fénix que hablaba de los «1.000 millones de pesetas». De ahí que Carlos Rojas del PP le recordara que «fue el señor Rubalcaba» quién le nombró en el cargo. El origen de Gürtel tiene todos los ingredientes del guion de una película.
También volvió el «puto pendrive» a escena. Y Morocho liberado mencionó los archivos por personas que recogen a los que se beneficiaron de las dávidas de la red. Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda, Guillemo Ortega y Luis Bárcenas. Nada original. Son los principales acusados de la primera época. «No han salido la mayoría», añadió en plan enigmático, como si todavía Anticorrupción pudiera citarlos a declarar. Pero no se le ocurrió decir que uno de ellos, por ejemplo, era Alejandro Agag, con una “relación de facturas pendientes” de billetes de avión y hoteles. ¿Tampoco tenía Aznar «relación con esa persona»?
A esta altura, quizá todo sea verdad, salvo alguna cosa.
Actualidad Marisa Galleroel