Si lees informes de los agentes de la UCO de la Guardia Civil estás habituado al condicional. Nada se afirma. Todo podría ser. Y debería ser así. Es un análisis de datos que se entrega al juez de instrucción para su evaluación. De correos electrónicos, llamadas, mensajes y documentos. Esta vez el señalado es el hombre que se hizo fuerte con el fútbol, que construyó un imperio audiovisual a través de Mediapro gracias a los derechos de la Liga y la Champions. Nada menos que Jaume Roures. Fundador del diario Público y de La Sexta con la última licencia de televisión analógica en abierto que concedió Zapatero sin concurso.
Durante la famosa «cena informal» en su casa a finales de agosto, antes de que se aprobara «con fórceps» en el Parlament las leyes de desconexión que por entonces estarían ultimadas, unió en perfecta comunión a Oriol Junqueras con Pablo Iglesias. Por mucho que aseguré que no tiene «relación en general con políticos». La tiene de forma particular. A Iglesias le conoció hace una década en los cinefórum de la Facultad de Ciencias Políticas. Alojó el programa La Tuerka en la web de Público, donde Iglesias alimentaba su ego haciendo entrevistas, y produjo la película sobre Podemos titulada «Política, manual de instrucciones». Él cree que «quizás» aparece su nombre en el dossier entregado al juez Pablo Llarena como venganza por el documental «1-O», centrado en la represión policial, y por «Las cloacas de Interior», que le da un repaso al Estado.
Según la Policía Judicial, «Roures podría integrarse en el Comité Ejecutivo del proceso independentista en calidad de profesional experto en el ámbito de la comunicación» por la hoja de ruta del «procés». Los investigadores detallan que el empresario fue quien habilitó un centro para que el Govern transmitiera a los medios de comunicación el minuto y resultado del referéndum ilegal, además de varias llamadas de Josep María Jové, secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, para encargar el documental del 1-O. Dice Roures que el informe se basa en «conexiones y especulaciones que no harían ni los niños pequeños». En esa misma línea se defendió Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia, cuando aseguró que «nunca se contrató nada» con la empresa relacionada con la Púnica. También la UCO escribía en condicional. «Habría incurrido en supuestos delitos de fraude en materia de contratación pública», aunque se sabe por el auto del juez de instrucción que esos trabajos de reputación on line «no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial y judicial».
Si para defenderse Roures hace hincapié en que la UCO escribe en condicional, ¿por qué no esa misma regla de tres para el señor de Murcia o de tantos otros investigados? ¿Acaso sólo para unos es condicional y para otros signo de culpabilidad?
Actualidad Marisa Galleroel