El caso Acuamed es como un pulpo con sus distintos tentáculos. El principal, el que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se centra en las presuntas irregularidades de distintos contratos denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por Francisco Valiente, ex director de Ingeniería y Construcción de la empresa estatal perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente.
Cuando arranco en enero de 2016 todo parecía indicar que era una nueva trama del PP, situando en el salpicadero a la mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos de Armas -en la actualidad desimputado-, y al exministro Miguel Arias Cañete por una reunión con FCC, que se mencionaba en un correo electrónico.
Pero la realidad es que cuanto más crece el sumario, menos se puede desligar a la que llaman mafia del agua de sus orígenes. Acuamed nace cuando el Ejecutivo de Zapatero decide apostar por la desalación como medida antagónica al trasvase del Ebro. Un plan ambicioso que hizo brotar como tallos verdes desaladoras por todo el Levante español.
Por un informe del Tribunal de Cuentas descubrimos que no sólo hubo 215 millones de euros en sobrecostes, sino que los proyectos fallidos nos costaron a las arcas públicas otros nueve millones, sin entrar que cuatro desaladoras están actualmente sin servicio, porque el agua es tan cara y sube tanto la factura, que no hay demanda. Una paradoja cuando en el real decreto que puso en marcha el «Programa Agua» -financiada la campaña publicitaria por las constructoras adjudicatarias que pagaron 1% a modo de «impuesto revolucionario»– criticaba el trasvase por su falta de rigor y porque «la relación entre el precio y la demanda no estaba bien contemplada».
Pero esto no forma parte de la instrucción, como si ese tentáculo socialista no existiera y hubiera sido amputado.
Actualidad