De memoria. Sin cambiar el gesto, solo enfatizando la entonación. Con unos cuantos folios delante y un bolígrafo en la mano. Sin una botella de agua cerca. Más de cuatro horas seguidas, con un único receso. La fiscal Concepción Sabadell relató de carrerilla por segundo día consecutivo las conclusiones del juicio del caso Gürtel. «Fue el Partido Popular y no el grupo municipal el que se lucró de fondos procedentes de comisiones ilegales. Quién no se ha beneficiado es el Estado. El ahorro no ha revertido en el bien de los españoles… Queda abrumadoramente acreditada la caja “B” del PP reflejada en los papeles de Bárcenas».
Así toda su exposición, sin ni siquiera coger aire, ante la mirada de los principales acusados de la trama. Francisco Correa, con la pierna cruzada, pero sin ningún temblor. Durante su confesión justo hace un año, no dejaba de moverla, como si anticipara que reconocer los delitos no le iba a servir de atenuante para rebajar alguno de los 125 años de pena. Pablo Crespo, quién dejó la secretaría de organización del PP gallego para convertirse en la mente empresarial del grupo, y Álvaro Pérez, el eterno relaciones públicas conocido como El Bigotes, moreno y más delgado. Los tres en prisión por las condenas del primer juicio de la red en Valencia.
Tras finalizar con el apartado de Majadahonda y con Guillermo Ortega, señalando que su «única actividad profesional fue la de concejal y alcalde» y a pesar de ello había blanqueado capitales en Suiza, entró de lleno con la presa de caza mayor: Luis Bárcenas. Para Anticorrupción vuelve a ser «Luis el cabrón», sin importar que lo haya negado Correa, para argumentar el delito de cohecho en el 2007 cuando era senador del PP por Cantabria. Deteniéndose en los indicios que probarían el origen ilícito de su fortuna y cómo se apropió de fondos de su partido cuando era gerente. «Su puesto le permitía influir en las adjudicaciones y cobrar comisiones al favorecer a intermediarios».
Sabadell le aplicó a Bárcenas un 155. Sobre todo, atacó su credibilidad. «Ha dado tantas y tantas versiones. Hay versiones a la carta», mencionó más de una vez. «¿Cómo puede ser creíble que unos inversores uruguayos sin conocerle le entreguen fondos sin ninguna justificación?», inquiría. «No tiene ningún documento original, ningún soporte, porque son falsos y no corresponde a ninguna compraventa de cuadros», expuso. «Solo tenemos su palabra», sentenció. Y todavía no ha terminado. Queda otro día por delante. Lleva preparándose para este momento desde que firmó la querella en el 2008 que dio origen al caso.
Esta es la misma Fiscalía Anticorrupción que está ahora cuestionada por la oposición. La misma Audiencia Nacional que decretó prisión preventiva para Ignacio González. La misma que ha enviado a Soto de Real a los Jordis, incluido a Junior, el hijo mayor de Jordi Pujol. Pero es más propagandístico cubrirse con cortinas de humo, llamar «presos políticos» a los líderes de ACN y Òmnium Cultural y hacer una causa general.
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