Hace unos días, la Unidad de Juego de la Policía Nacional desmontó en Palma un torneo de póquer organizado en una vivienda particular del barrio del Secar de la Real. Hasta 33 personas fueron identificadas entre participantes y organizadores, según informa Efe. Cada jugador había aportado 45 euros. Ahora se enfrentan a elevadas sanciones. Y aquí surge la gran pregunta: ¿puedo montar una timba casera si hay en juego algo de dinero? ¿A qué castigos me enfrento por jugarme los reales sin la imprescindible autorización?
No conozco a nadie que juegue al póquer y no haya montado o participado alguna vez en una partida doméstica. Hasta en los pueblos más pequeños los aficionados suelen tener el típico maletín con fichas y, con reglas más o menos normalizadas, celebran sus pequeños torneos, por supuesto con dinero, aunque sólo sean unos pocos euros para animar la competición.
La Policía, entretanto, organiza periódicas redadas contra las partidas que logra detectar, normalmente en bares o locales «camuflados», pero también en casas particulares. En todos esos casos, los organizadores carecen de licencia y su acción es un delito. Que intentan hacer cumplir la ley no se discute, pero ¿dónde está el límite?, si acaso existe, o ¿dónde debería estar? Parece ridículo detener a cuatro matrimonios o a un grupo de chavales que, para pasar una noche de fin de semana a menudo más barata que salir a cenar fuera, se dejan cinco o diez euros mientras juegan a ser Negreanu.
Cualquier norma llevada al exceso conduce a situaciones ridículas, como aquella vez que querían multar con 600.000 euros a unos jubilados del Puerto de Sagunto (Valencia), por unas partidas en las que cobraban inscripciones de diez céntimos, o esa otra ocasión en la que una mujer chipriota de 98 años fue amenazada con ir a la cárcel junto a otras 42 ancianas que se gastaban una media de dos euros por pañoleta en un juego que se habían inventado ellas. No creo que ni Eduardo Torres Dulce, como fiscal general del Estado, apoye estas medidas policiales y judiciales. Le gusta demasiado el cine.
En el caso más reciente de Palma, los investigadores se enteraron del torneo que había en marcha porque sus poco discretos promotores lo estaban anunciando en Facebook y no tenían, claro, «la pertinente autorización administrativa». Los participantes debían abonar 45 euros, 40 de los cuales se destinaban a engordar la bolsa de premios y los otros cinco eran para el organizador, que ponía su casa, una camarera y, según Europa Press, dos chicas que repartían las cartas. En su indiscreción, el hombre había pedido incluso colaboración ciudadana para transportar la mesa de póquer.
Lo cierto es que la infraestructura y el número de participantes eran superiores a los habituales en estos casos, en los que siempre me pregunto si el dispositivo de vigilancia es proporcionado y si la cantidad jugada justifica las detenciones y las sanciones a las que ahora se enfrentan todos. El dueño de la casa, a quien no exculpo, podría ser multado con hasta 60.000 euros, mientras que los jugadores afrontan sanciones que podrían llegar a 6.000. Como forma de recaudar parece efectiva, pero sin ánimo de alentar a la rebelión ciudadana y sin entrar en sencillas demagogias comparativas, se me antoja excesivo. Es sólo una opinión, espero que legal.
De momento, la respuesta a la pregunta del título es un temeroso sí, aunque según el domicilio de los jugadores es más o menos probable que intervenga la Policía.
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