Amenaza existencial para Perú

Perú se encuentra en una encrucijada dramática.

Después de la elección de Luis Arce Catacora como presidente de Bolivia, en noviembre de 2020, y, con ello, del regreso al poder del partido del ex presidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), la democracia en Perú se encuentra, también, bajo acoso desde la elección de Pedro Castillo, como presidente de la República, y el nombramiento de Guido Bellido, como presidente del Consejo de ministros, ambos en julio de este año.

El largo proceso de elección del nuevo presidente fue complicado, especialmente, después de que su segunda vuelta estuviera plagada de reclamaciones sobre las irregularidades acaecidas.

Para muchos peruanos, el resultado oficial de esas elecciones no es legítimo.

El nombramiento de Bellido y la formación de su gobierno, decidido el 29 de julio, agravó la inquietud de los peruanos dadas las características personales y la trayectoria profesional de muchos de sus miembros, que cuestionan su compromiso y su lealtad con la democracia.

Desde el momento de la constitución del nuevo gobierno, se está desarrollando en Perú un profundo conflicto institucional entre este y la Asamblea Nacional, que está haciendo todo lo que está en su poder, con medidas preventivas y tratando de controlar y de condicionar la labor ejecutiva de aquel, para frenar las políticas comunistas que el Consejo de ministros quiere imponer.

La Asamblea Nacional está decidida a dar esa batalla y oponer, por ello, resistencia frente a la amenaza del comunismo que representan Pedro Castillo y su gobierno, que cuentan, además, con el apoyo externo del llamado Foro de São Paulo o, en sus nuevas reencarnación y denominación, el Grupo de Puebla, que es la plataforma política que empuja los objetivos de ese comunismo en el siglo XXI en América.

Para comenzar ese pulso institucional, la Asamblea realizó una solicitud al gobierno, que fue, inicialmente, rechazada por este, para cambiar algunos de sus ministros con el objetivo de generar más confianza entre la población.

Sin embargo, Castillo y Bellido no han podido resistir la presión incuestionable de los hechos.

En primer lugar, Héctor Béjar fue forzado a abandonar el puesto de canciller de Perú, para el que había sido nombrado solo dos semanas antes, después de haber declarado que “la Marina de Guerra del Perú en colaboración con la CIA fueron las creadoras (de)l grupo terrorista Sendero Luminoso”.

Esas declaraciones son muy llamativas, o muy cínicas, a la vista, aunque solo sea superficialmente, de algunos de los hitos de la biografía política de Béjar.

En efecto, Héctor Béjar entró, en 1953, en el Partido Comunista Peruano (PCP), en el que militó con el nombre de guerra de Alayza, hasta su expulsión de este, en 1959, junto con Juan Pablo Chang, quien, posteriormente, sería asesinado junto con Ernesto Che Guevara en octubre de 1967.

Después de su expulsión del PCP, Béjar creó el llamado Comité Leninista del Departamento de Lima como embrión para la creación de un nuevo partido comunista en Perú, debido a que no consideraba al PCP como un auténtico partido comunista.

En 1961, Béjar viajó a Cuba para entrenarse política y militarmente con el objetivo de desarrollar la guerra de guerrillas en el Perú.

Así, en septiembre de 1962, en Cuba, se fundó el Ejército de Liberación Nacional (ELN), del que Béjar fue uno de sus líderes -tarea para la que asumió el nombre de guerra de Calixto-, con el deseo de dar continuidad a la revolución comunista cubana en Perú, bajo el auspicio de Fidel Castro y a través de la lucha guerrillera violenta.

El ELN fue una organización responsable del asesinato de ciudadanos peruanos y Béjar fue detenido en diferentes ocasiones y pasó tiempo en la cárcel.

Posteriormente, Béjar colaboró con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que estuvo en el poder en Perú, entre 1969 y 1975, después de que Velasco diera un golpe militar contra el presidente Fernando Belaúnde.

Doce días después del cese del canciller Béjar, el 31 de agosto, el ministro de Trabajo del gobierno de Bellido, Íber Maraví, se vio obligado a poner su cargo a disposición de Castillo, aunque el presidente no le aceptó su renuncia.

La oposición y parte de la prensa denunció a Maraví por sus supuestos vínculos con el terrorismo, ya que Mariví ha sido relacionado con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), el brazo político de Sendero Luminoso, organización a la que, también, pertenecían su esposa, su suegra, su suegro y su tío materno.

Asimismo, “El Comercio”, diario de Lima, que es el segundo más importante del país, publicó unos informes en los que se vinculaba a Maraví con unos atentados de Sendero Luminoso, que tuvieron lugar entre 1980 y 1981, y un documento policial de 2004 en el que se investigaba a Mariví por instigación al terrorismo.

Aún más incriminatorias son las informaciones que ha publicado “La República”, el principal periódico diario peruano, que atribuyen a un terrorista y alto dirigente de Sendero Luminoso, Juan Alarcón, el señalamiento del hoy, todavía, ministro Mariví por haber sido “responsable de un sector de la organización (Sendero Luminoso) en Huamanga”, región al norte de Ayacucho, de cuyas actividades violentas, su antiguo compañero relata todo tipo de detalles.

Por último, Edith Lagos, militante de Sendero Luminoso, que falleció durante una acción terrorista del grupo, implicó, en su día, al ministro Mariví como compañero suyo, durante sus años de estudiante, de actividades violentas del grupo terrorista en la región de Ayacucho.

En ese contexto, las declaraciones, fingidamente tranquilizadoras, del presidente de la República, Castillo, son contradichas reiteradamente por las iniciativas que parten de la oficina del primer ministro, Bellido.

Sobre los dos, Castillo y Bellido, ejerce una influencia destacada el fundador y secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra imputado penalmente y tiene pendientes con la Justicia 69 denuncias por corrupción.

Castillo, Bellido y Cerrón no esconden su agenda política.

El fin es acabar con la República del Perú, como hoy se la conoce, mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que dé paso a una Constitución nueva de corte bolivariano.

Efectivamente, durante la campaña electoral, Castillo dijo alto y claro que, si ganaba las elecciones, uno de sus primeros objetivos sería cambiar la Constitución del país con el doble propósito de convocar, en primer lugar, un referéndum para convocar esa Asamblea Constituyente -si el Congreso resultante de las elecciones pasadas no se lo permitiera, Castillo ha afirmado que haría todo lo que hubiera que hacer para conseguirlo- y de transformar, en segundo lugar, el sistema económico de Perú.

En el terreno económico, la crisis que había provocado la pandemia de la COVID19 en Perú se aceleró después de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El estrés provocado por dicha elección en el entorno operativo y regulador de los negocios plantea retos monumentales a la estabilidad económica de Perú.

La prueba de ello es que se ha producido ya una fuga de inversiones extranjeras por valor superior a los 14.000 millones de dólares, las reservas internacionales netas se redujeron durante el segundo trimestre de 2021, el dólar estadounidense se cambia a 4 soles, cuando se había mantenido por debajo de ese valor durante las dos décadas anteriores, y, en solo un mes, desde el momento de la elección de Castillo, el precio de la cesta de los productos básicos se triplicó.

La cuestión pertinente, en este punto, sería la de tratar de definir con precisión quiénes son aquellos que representan esta amenaza existencial para el Perú democrático.

Para comenzar a despejar esa incógnita habría que diseccionar el estado actual de la izquierda peruana, motor de esta agenda revolucionaria, que se encuentra dividida en tres grupos.

El primero grupo son los caviares.

En Perú, con la denominación de izquierda caviar o caviares se identifica a aquellos que defienden los postulados de la izquierda, aunque su procedencia social provenga de los sectores más acomodados de la sociedad peruana.

Desde la época de los gobiernos de Alejandro Toledo, quien fue presidente de la República desde 2001 a 2006, esta izquierda elitista supo penetrar y poblar las universidades o los altos cargos de la Administración del Estado.

Los caviares consiguieron, también, ganarse el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación -que fueron cooptados para su causa e intereses con la ayuda financiera de la compañía brasileña de construcción Odebrecht, implicada en el soborno masivo de políticos en toda América durante más de treinta años-, cuyo papel, durante los últimos años, ha sido decisivo y directamente responsable por haber colaborado para que la izquierda ganara las guerras culturales en el Perú, incluyendo el blanqueamiento del terrorismo de Sendero Luminoso.

Al final, los medios de comunicación de masas en Perú han terminado convirtiéndose en los grandes propagandistas de la socavación de la democracia.

En segundo lugar, la izquierda peruana cuenta, desde hace un siglo, con la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el partido que representa, desde su creación por Rafael Haya de la Torre, en 1924, el centro izquierda del país y con cuyo respaldo, por ejemplo, Alán García llegó a la presidencia de Perú, en 2006.

Por último, en los límites de la izquierda peruana se ubican la extrema izquierda y los comunistas, dentro de los cuales operan tanto aquellos grupos que quieren utilizar la democracia para hacerse con el poder e imponer, posteriormente, sus postulados, como los que no quieren participar en el sistema democrático, sino, destruirlo directamente.

Dentro de este último segmento de la izquierda peruana es en el que se encuadran Perú Libre, Castillo, Bellido o Cerrón, es decir, aquellos que hoy gobiernan Perú.

La penetración de la izquierda peruana, en general, y del socialismo del siglo XXI, en particular, de las instituciones del Estado se tejió en dos etapas distintas.

Por una parte, Ollanta -nombre de resonancia indígena, cuyo significado es “el guerrero que todo lo ve”-Humala, hijo de un político comunista, fue elegido presidente de la República, entre 2011 y 2016, gracias a una alianza electoral llamada Gana Perú, que agrupaba a su Partido Nacionalista Peruano junto al Partido Comunista Peruano, al Partido Socialista, al Partido Socialista Revolucionario, al Movimiento Político Voz Socialista y a un sector importante del Movimiento Político Lima para Todos.

Durante los años de su gobierno, Humala se ocupó de capturar varias de las instituciones de la democracia peruana, que, en gran parte, fue lo que ha llevado al Perú a la situación actual.

Así, el Ministerio Público o fiscalía general, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General o Tribunal de Cuentas, el poder judicial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fueron poblados con personas que provenían de la izquierda peruana.

El segundo impulso a ese esfuerzo de la izquierda por controlar instituciones claves y sensibles de la Administración del Estado peruano se produjo, entre 2018 y 2020, durante la presidencia, truncada, de Martín Vizcarra, que llegó a la jefatura del Estado, vía sucesión constitucional, por la renuncia de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, en la que Vizcarra se mantuvo hasta su deposición, en 2020, al ser declarado, por la Asamblea Nacional, “moralmente incompetente” tras haber sido acusado de corrupción.

Irónicamente, o cínicamente, como se prefiera, Vizcarra continuó, durante sus dos años de presidente, socavando las instituciones del Estado, bajo la justificación de la lucha contra la corrupción, a través de sendas reformas judicial, política y electoral, que se vieron acompañadas con un discurso de corte populista en el que él figuraba como “el gran salvador de la nación”.

En ese proceso, Vizcarra se enfrentó a los miembros del Consejo General de la Magistratura, a los que doblegó, y al Congreso, contra el que lanzó una campaña de desprestigio que acabó con su disolución inconstitucional.

Con este proceso de penetración y de control de las instituciones del Estado y de los medios de comunicación, la izquierda caviar y la izquierda tradicional pensaron, cuando Vizcarra abandonó el poder, que iban a ganar las elecciones presidenciales, convocadas para 2021, y que las instituciones del Estado estaban quebradas y listas para ponerse, de nuevo, a su servicio.

Sin embargo, quien se acabó aprovechándose, al final, de todo ese entramado clientelar y de poder institucional sometido fue la extrema izquierda y, en concreto, el proyecto liberticida que Perú Libre representa.

El reto existencial al que Perú hace frente en la actualidad es el de la destrucción de la nación peruana misma.