La reforma fiscal que presentó ayer a grandes rasgos el Gobierno incluirá más rebajas de impuestos de lo que en principio se había previsto y desoye las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de que se bajen los impuestos al trabajo, pero se suban al consumo y a la propiedad.
Tras el batacazo de las elecciones europeas, el presidente Rajoy ha rechazado las recomendaciones del comité de expertos, e incluso la propuesta del ministro de Hacienda de hacer una reforma en profundidad del sistema tributario español. El argumento de Moncloa y de algunos presidentes autonómicos es que no es el momento de hacer experimentos fiscales, sobre todo si se tiene en cuenta que la reforma entrará en vigor el año de las elecciones locales, autonómicas y generales.
Ante este escenario, el Gobierno ha optado por revertir la subida del IRPF que aprobó en diciembre de 2011 e ir un poco más allá en el caso de las rentas más bajas. Así, el tipo mínimo del Impuesto sobre la Renta quedará muy por debajo del vigente en el año 2011. Estaba entonces en el 24% y ahora baja al 20% ya el año que viene y al 19% en 2016.
También se hace una importante apuesta por la familia, y se incrementan considerablemente las deducciones por hijo e incluso se extiende la actual paga de 100 euros mensuales que reciben las madres trabajadoras durante los tres primeros años de vida de sus hijos a las familias numerosas y las que tienen descendientes o ascendientes discapacitados.
Y, por su puesto, Hacienda ha renunciado a subir el IVA, los impuestos al alcohol, tabaco o gasolinas, el IBI o a crear nuevos tributos medioambientales.
No obstante, el ministro Montoro se limitó ayer a contar los grandes cambios evitando contar la letra pequeña de la reforma que sí incluye alguna que otra subida fiscal. Una de ellas es la que se refiere a las indemnizaciones por despido. Hasta ahora estaban exentas si se encontraban dentro de los mínimos fijados por la ley laboral.Tras la reforma se limitarán a 2.000 euros por año y eso sí, estarán totalmente exentas las de aquellos trabajadores con rentas brutas inferiores a los 20.000 euros. Es decir que, por ejemplo, un trabajador que lleve 20 años trabajando en una empresa y sea despedido de manera improcedente recibirá una indemnización de unos 100.000 euros. Hasta ahora los 100.000 euros estarían exentos de pagar IRPF, con la nueva regulación solo 40.000, el resto tendrá que declararlos.
También se limitarán las aportaciones a los planes de pensiones, aunque de ello tampoco habló ayer el ministro y tendremos que esperar al lunes para conocer la letra pequeña de la reforma.
La principal duda que surge es si con esta reducción de impuestos se pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit. El Gobierno confía en la recuperación y en el propio impulso de la misma que producirá la rebaja impositiva para obtener los fondos necesarios para cumplir nuestros compromisos con Europa. Si estos deseos no se convierten en realidad, la rebaja de impuestos nos saldrá cara. Si no cumplimos nuestros compromisos de contención de la deuda y reducción del déficit cundirá entre los inversores la imagen de que el Gobierno ha puesto sus intereses electorales por delante de los del país y nos podrían castigar exigiéndonos un interés más alto por nuestra deuda. Esperemos que no sea así.
Otros temas Yolanda Gómezel