Poco ha durado la tregua de los virreyes autonómicos. Rajoy consiguió el martes la imagen de unidad que necesitaba para mandar a Europa el mensaje de compromiso de todas las administraciones públicas con la reducción del déficit. Pero tan solo unas horas después ya llegan las voces discordantes. El presidente catalán, Artur Mas, insiste en la injusticia del reparto del déficit.
Se refiere Mas a que Europa ha dado algo más de margen a España para cumplir sus objetivos de déficit. Este año 2012 los números rojos del conjunto del Estado español podrán alcanzar el 6,3% del PIB; en lugar del 5,3% previsto inicialmente. Pero el Ejecutivo exige a las autonomías que mantengan su compromiso de reducir los números rojos hasta el 1,5% del PIB regional. Es injusto, apunta Mas. Y también se quejan otros muchos presidentes autonómicos que tratan de convencer a los ciudadanos de sus respectivas autonomías que la culpa de todo no está en su mala gestión, sino el el maltrato que reciben por la financiación autonómica. Y nada más lejos de la realidad.
Hace bien el Gobierno en no dar más margen de déficit a las autonomías. Entre otras cosas porque es más que probable que el desvío se produzca incluso con las exigencias actuales, y no está de más dejar ahí ese colchón. Pero es que, además, la Administración Central está asumiendo unas cargas de intereses de la deuda que corresponden a las comunidades y eso está engordando el déficit estatal. El famoso plan de pago a los proveedores, que es una deuda de los gobiernos regionales, ha tenido que ser asumida por el Estado, y los intereses que genera están inflando el déficit de la administración central. Y lo mismo va a ocurrir con el recién creado FLA (fondo de liquidez autonómica), o con las ayudas a la banca. Recordemos que buena parte de los bancos en apuros son cajas regionales de cuya crítica situación son responsables, en buena medida, los gobiernos autonómicos, que llevaron a esas entidades a financiar proyectos inviables. Pero de eso no se acuerdan ahora los barones.
Como se acuerda el Gobierno catalán de que el sistema de financiación autonómico actual fue hecho a imagen y semejanza de las necesidades que en ese momento tenía Cataluña, y que luego se trató de adaptar al resto de regiones.
El problema no es el sistema de financiación. El problema es la crisis y la caída de ingresos tributarios. El pastel a repartir es cada vez menos, y por mucho que se modifique, de donde no hay no se puede sacar. De modo que más valdría que en lugar de tantos lloros, los gobiernos autonómicos se centraron en tratar de ajustar sus gastos a los ingresos reales de que disponen.
Hasta ahora cada vez que las autonomías gastaban más de lo que tenían, el problema se solucionaba recurriendo a “papá Estado”. Se cambiaba el sistema de financiación; se repartían miles de millones de euros entre todas las comunidades y todos tan contentos. Pero ahora no se puede hacer eso. Es lo que le faltaba a la crítica situación que atraviesa España.
Y probablemente nunca como ahora el Gobierno central tiene más fácil embridar a los todopoderosos presidentes regionales. Mariano Rajoy tiene la sartén por el mango. Las comunidades no tienen ni para hacer frente a los vencimientos de deuda. Están en bancarrota y necesitan al Estado central sí o sí. El Ejecutivo debe aprovechar esa situación de ventaja para condicionar esa ayuda estatal a que de una vez por todas los gobiernos regionales pongan en orden sus cuentas y trabajen con el resto de administraciones en recuperar la confianza perdida en el país. Ayer Rajoy consiguió la imagen que buscaba. Ahora solo falta que el compromiso vaya más allá de la imagen.
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