Han pasado ya diez días desde que los controladores decidieran abandonar de forma masiva sus puestos de trabajo y dejaran en tierra a miles de ciudadanos en vísperas del puente más largo del año y el conflicto sigue vivo y con pocos visos de solucionarse en el corto plazo. El estado de alarma, que esta tarde el Gobierno prorrogará, quizás pueda evitar problemas en los aeropuertos estas Navidades -lo que ya es mucho-, pero no deja de ser un parche que deja muchos interrogantes en el aire. El primero de ellos ¿qué pasará al día siguiente de que los controladores dejen de estar bajo control militar?
Creo que si el famoso viernes de marras, el 3 de diciembre, nos hubieran preguntado a los ciudadanos si nos parecía bien que los militares tomaran el control -nunca mejor dicho- y obligaran a los controladores a volver a sus puestos de trabajo, probablemente el 99% hubieramos contestado que donde había que firmar. La actitud de los controladores fue, se mire por donde se mire, inadmisible. En un momento en el que la economía española está hecha trizas; en la misma semana en la que España había vuelto a ser diana de los ataques de mercados y especuladores; en el mismo día en el que el Gobierno se veía obligado a aprobar otro paquete de medidas para calmar a los inversores, que estos señores, que no dejan de ser un colectivo de trabajadores privilegiado, con sueldos muy por encima de la media no solo de los sueldos de nuestro país, sino de la mayoría de los países europeos, decidan hacer de su capa un sayo y poner patas arriba a todo un país, no tiene perdón de Dios.
De ahí que decretar en ese momento estado de alarma probablemente esté, desde mi punto de vista, justificado. En mi opinión hubiera sido inadmisible que el Gobierno de turno, en este caso el de Rodríguez Zapatero, hubiera cedido a reclamaciones laborales tras una ilegalidad tan manifiesta como abandonar el puesto de trabajo, porque eso hubiera supuesto un peligroso precedente para el resto de trabajadores.
El problema es que este Ejecutivo ha pasado de la política del diálogo y del talante a la de la militarización y eso es lo que más trabajo cuesta de entender. Hemos pasado del aquí no se hace nada, no se aprueba ninguna reforma sin el acuerdo de los sindicatos, a aquí no se mueve nadie y las condiciones laborales las apruebo yo.
Y es cierto que por muy privilegiado que sea el colectivo de los controladores uno tiene la impresión de que al Gobierno se le ha metido entre ceja y ceja y ha encontrado un filón para descargar sobre ellos la ira de todos los ciudadanos y tratar de mejorar su imagen con estas imposiciones.
Pero yo sigo teniendo muchos interrogantes sobre la actuación del Ejecutivo en este caso. ¿Tratará con el mismo rigor que a los controladores a los huelguistas que de forma totalmente ilegal incumplen los servicios mínimos en el metro, en los autobuses, en los aeropuertos,… impidiendo no ya que los ciudadanos se vayan de vacaciones, como en el pasado puente, sino que vayan a trabajar? ¿Y se puede utilizar un mecanismo tan excepcional como el estado de alarma para solucionar un conflicto laboral? Pero insisto en que quizás la pregunta a la que encuentro menos respuesta es qué pasará cuándo los controladores dejen de estar bajo el mando militar. Tengo la impresión de que tanto a los controladores como al Gobierno el tema se les ha ido de las manos. Quizás el Ejecutivo utilice el castigo que se han ganado a pulso este colectivo profesional para negociar un convenio colectivo más duro. Pero eso significará que al final seremos los de siempre, los contribuyentes, los que pagaremos los platos rotos del desaguisado.
EconomÃa