Ha sido el viaje más largo del Metro de Caracas. Como de costumbre los usuarios abordaron el vagón del tren en la estación Propatria un poco antes de las ocho de la mañana del viernes pasado y pudieron regresar a sus hogares 48 horas después, este domingo por la noche, luego de ser liberados los 35 que fueron detenidos por protestar las fallas del transporte colectivo.
Lo que vivieron durante esas 48 horas resultó toda una odisea o una pesadilla que nunca la van a olvidar por haber tenido la valentía de rebelarse contra el mal servicio del subterráneo, lo que para la Policía Nacional Bolivariana se convirtió en un delito.
Incluso el presidente de la República Bolivariana consideró que los 35 detenidos debían continuar “presos” porque eran presuntos “conspiradores” y “manipulados” por la oposición.
La Fiscalía quiso imputarles los cargos de secuestro, saboteo, terrorismo y alteración del orden público. Pero al final sólo los acusó del delito de “resistencia a la autoridad y causar alarma en el transporte público”, lo que se penaliza con prisión de 3 a 18 meses.
Sin embargo, el juez Braulio Sánchez logró los mayores aplausos al absolverlos de toda responsabilidad y decidir que no habían cometido delito alguno por protestar el retraso, las fallas eléctricas, falta de aire acondicionado y escaleras mecánicas del Metro.
Muchos de los detenidos fueron golpeados y presionados en los calabozos para que declararan que estaban siendo utilizados por los partidos opositores.
El calvo Joffre Marín, uno de los detenidos, afirmó a la salida del Palacio de Justicia, que los manifestantes no eran políticos, sino trabajadores que estaban cansados del caos del subterráneo.
“El Metro se está cayendo. Lo que debe hacer el gobierno, no es castigarnos metiéndonos presos a nosotros, sino mejorar el servicio”, dice Marín.
“A mí no me van a callar con las amenazas. Estoy dispuesta a seguir protestando si el servicio no funciona. Doy gracias a los abogados de la oposición por sacarnos de ese infierno (cárcel)”, señala Andreína Duarte.
El concejal metropolitano, Freddy Guevara, criticó la intención del gobierno de “criminalizar” la protesta. “La única manera de eliminarla es no dar razón para que la gente proteste
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