La pasada semana, el eurodiputado socialista español Ramón Jáuregui reclamó a la Comisión Europea que acelere la investigación sobre el régimen fiscal de Gibraltar, porque considera que está diseñado para favorecer la “opacidad y el ocultamiento de bienes” de contribuyentes europeos, incluidos españoles.
Jáuregui cree que es alarmante que Gibraltar facilite la evasión fiscal y ha tomado pie para hacer su reclamación en una pregunta a la Comisión Europea, tras conocer las informaciones que hablan de que el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministro español de Economía, Rodrigo Rato, poseía “casi todo su patrimonio” en la colonia.
El eurodiputado subraya que no es la primera noticia que pone en cuestión la actividad fiscal del Peñón y recuerda que hace año y medio ya pidió información sobre 165 casos que están siendo investigados por posibles práctica fraudulentas bajo la apariencia de ayuda de Estado.
Los socialistas coinciden en su preocupación en este punto con el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha denunciado reiteradamente las prácticas fiscales de Gibraltar, unas prácticas que, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hacen perder a las arcas españolas 1.000 millones de euros anuales, al atraer a empresas que utilizan la normativa de la colonia para evadir el pago de impuestos en España.
Aunque el Gobierno gibraltareño se esfuerza en asegurar que el Peñón ha dejado de ser un paraíso fiscal, y que ha suscrito acuerdos de intercambio de información fiscal con un elevado número de países, la realidad es que la colonia sigue siendo un lugar idóneo para acoger a empresas que buscan ocultar ingresos que deberían tributar si estuvieran en España o en otros Estados.
La última lista de paraísos fiscales emitida por la Unión Europea publicada en junio del pasado año no incluía a Gibraltar porque se había incorporado meses antes al acuerdo multilateral para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, lo que abarca datos sobre depósitos bancarios, valores negociables, participaciones en fondos de inversión, seguros o rentas, así como los referentes a saldos, importes percibidos por rentas o transmisiones, y la identificación de la persona o entidad titular y de quien efectivamente controle la cuenta.
Pese a ello, las autoridades españolas consideran que una cosa es lo que se firma y otra la realidad y, en un reciente estudio interno elaborado al estudiar el Indice de Fortaleza de Marca España, se pone de relieve que Gibraltar, como marca territorial, presenta el comportamiento característico de las marcas territoriales pertenecientes a territorios y jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.
En concreto, se indica que la principal razón es que cuenta con una legislación fiscal muy laxa que favorece la atracción de recursos (Turistas, Inversión Directa Externa, Inmigrantes y Exportación) anormalmente elevada teniendo en cuenta el número de habitantes.
Al analizar el peso del turismo o la actividad financiera por habitante, Gibraltar se sitúa en primer lugar del mundo, por delante de Luxemburgo, Macao, Singapur, Qatar y Hong Kong. Sin embargo, su posición al valorar la atracción de inversiones directas o exportaciones relativizadas, cae a los puestos 23 y 13, respectivamente, en el conjunto de los paraísos fiscales.
La actividad económica, según subrayan los resultados del estudio, se sustenta en transacciones con escaso valor añadido local al amparo de esa laxitud fiscal, que tiene su mayor atractivo en la proximidad de un mercado (España) para determinados productos: tabaco, licores, carburantes cuyo consumo per cápita no resulta creíble.
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