No se termina de entender el silencio que mantiene el Gobierno español sobre la situación que atraviesa Venezuela. Un país con tantos vínculos con España se precipita a pasos enormes en el caos, si es que ya no lo está. Las agresiones a las libertades políticas, incluida la de expresión, se suceden a lo largo de los días y están metiendo en una espiral de violencia a la Venezuela de un Maduro a quien el cargo le viene claramente grande. Ni tiene el carisma de Hugo Chávez ni es capaz de devolver la normalidad al país mientras reitera unas proclamas antiimperialistas completamente trasnochadas.
En ese clima, resulta sorprendente que el Gobierno español no se haya pronunciado ni una sola vez en los últimos meses sobre lo que está ocurriendo en aquel país, mientras la Oficina de Información Diplomática sí emite, diligentemente, comunicados sobre lo que sucede en lugares como Ucrania, Argelia, Nigeria o Mogadiscio, por citar algunos.
El silencio no lo puede justificar ni siquiera el deseo de salvaguardar los intereses de las empresas españolas en Venezuela, algunas de las cuales, por cierto, siguen sufriendo la arbitrariedad del régimen chavista, como sucede con la expropiada Agroisleña, que sigue sin ser indemnizada.
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