Gibraltar sigue ocupando numerosos espacios en los medios de comunicación. Y sin duda el principal responsable de ello es Fabian Picardo, el ministro principal de la colonia, de cuya llegada al poder, hace año y medio, era previsible que se derivaran cambios en las relaciones con España. Peter Caruana había pasado más de quince años en las oficinas de Convent Place y algo tenía que ocurrir al dejarlas en manos de otro inquilino. Mucho más, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo anunció públicamente lo que ya se veía venir: el fin del Foro Trilateral de Diálogo, la iniciativa impulsada por su predecesor en el cargo Miguel Ángel Moratinos y denostada por el PP, porque consideraba que trajo excesivas ventajas para los gibraltareños y muy pocas para la comarca del Campo de Gibraltar.
Pero Picardo, que estaba en su derecho de hacer una política propia, eligió un camino equivocado, tal vez alentado por la temprana proclamación de García-Margallo con aquel “Gibraltar español” que lanzó a un ex colega europarlamentario. Pretender afianzar la soberanía británica sobre el Peñón y extenderla a las aguas que lo rodean, a costa de los pescadores de la Bahía de Algeciras no fue una buena decisión. Alegar problemas medioambientales para suspender un acuerdo de pesca que funcionaba correctamente desde 1999 y hacer la vida imposible a los barcos pesqueros españoles no podía conducir a nada bueno.
Las autoridades españolas, más allá de hacer proclamas en defensa de los pescadores y de enviar ala Guardia Civil para darles protección, se concentraron en pedir al Gobierno de David Cameron que actuara, pero se toparon con la puerta cerrada del 10 de Downing Street. Cameron no quería que le molestaran con el espinoso asunto de Gibraltar.
La paciencia del Gobierno de Mariano Rajoy se acabó cuando, el 24 de julio, Gibraltar, con la aquiescencia de Londres comenzó a lanzar bloques de hormigón en los caladeros donde suelen faenar los pesqueros españoles de La Línea y Algeciras. La advertencia del Gobierno de que cesaran en esa actividad fue desoída y la irritación española se desbordó al ver cómo se repetía la operación el 25 de julio, sin ninguna consideración, por cierto, al hecho de que ese día España lloraba por las víctimas del trágico accidente de tren en Santiago de Compostela.
Algunas voces desde el PSOE han reclamado diálogo, pero ese diálogo es el que nunca aceptó Londres, que siguió mirando para otro lado, ante las actividades del Ejecutivo gibraltareño. Cameron sí se vio obligado a reaccionar cuando la respuesta española fue aplicar estrictamente los controles aduaneros en la Verja, a los que tiene derecho, provocando largas e incomodas colas de vehículos, y cuando puso en marcha planes para terminar con algunos de los privilegios de que gozan los “llanitos”, a costa, en muchos casos, de la Hacienda española.
Obviamente, los gibraltareños no desean ser españoles y nadie puede obligarles a ello. Tienen pleno derecho a sentirse orgullosos de ser británicos, incluso cuando lo dicen con acento andaluz. Lograr la devolución a España del Peñón parece, también, hoy por hoy, tarea bastante difícil, por muy anacrónica que sea su situación. Pero, al menos, lo que se debe pedir a quienes gobiernan en la colonia y a quienes la tutelan desde Londres es que no molesten. Si la piedra en el zapato comienza a moverse resulta mucho más dolorosa, y, al final, el propietario del zapato termina por tomar decisiones drásticas. Picardo no puede olvidar que, le guste o no, buena parte de su calidad de vida depende de España y si uno insiste en incordiar al vecino, éste termina hartándose y puede darle alguna bofetada.
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