España, ante la misión contra las mafias de la inmigración

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo acude este lunes a Bruselas dispuesto a apoyar la puesta en marcha de una operación militar naval que permita desmantelar el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo, que llevan a cabo las mafias, especialmente desde las costas de Libia, aprovechando la inestabilidad que vive el país.

España no es el país que más sufre esa presión migratoria, pero la conoce bien y siempre ha reclamado más fondos europeos para el control de las fronteras marítimas, y sobre todo que los Estados del norte de Europa se conciencien de que se trata de un problema que también les afecta. El hostigamiento del que fue objeto España por parte de la anterior comisaria europea de Interior, la sueca Cecilia Malmstrom, ante las actuaciones policiales en Ceuta y Melilla, que nunca se dignó visitar, es una muestra de que la percepción es muy distinta si no se vive en el sur.

Ahora, ante los continuos siniestros frente a las costas italianas,  parece que los Veintiocho han comenzado a darse cuenta del problema y se disponen a preparar una operación naval, que debería incluir la destrucción de las embarcaciones que utilizan las mafias para traficar con personas desesperadas que huyen de los conflictos bélicos y la miseria. Para ello, es muy posible que se necesite una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que España es miembro en la actualidad.

No obstante, la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, ha señalado que las primeras fases de esa operación no necesitarían del aval de la ONU, tan difícil siempre de conseguir. Así, se podría ir avanzando en la obtención de información de inteligencia sobre las redes criminales y sus activos, y también se podría actuar en aguas internacionales contra las mafias en casos limitados o si la embarcación no tiene pabellón.

La fase de destrucción de los barcos sí precisaría de la resolución del Consejo de Seguridad y exigiría, posiblemente, la intervención de fuerzas especiales marítimas o el uso de aviones.

España ya ha expresado su intención de participar en esa operación y, al parecer, de aportar un barco y un avión, pero es consciente de las dificultades que entraña y de los problemas que se plantean también a la hora de establecer quién juzgará a los traficantes que sean detenidos.

En cualquier caso, lo que este lunes pueden hacer los ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas es dar el primer paso para que los jefes de Estado y de Gobierno aprueben la iniciativa en el Consejo Europeo de finales de junio. Y es más que probable que estos prefieran esperar a contar con el visto bueno de Naciones Unidas.