La intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores –según algunos medios del propio titular, José Manuel García-Margallo– para impedir que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, hable en los Desayunos del Foro Nueva Economía no parece la más acertada. Una vez que la conferencia ya había sido anunciada y enviadas las invitaciones para asistir a la misma, lo único que ha conseguido el Gobierno es alimentar el victimismo de los gibraltareños.
Ya sé que habrá quien no esté de acuerdo y aplauda la decisión, pero pienso que impedir a alguien que hable en un foro de carácter privado no es una buena medida, salvo que desde la tribuna se vaya a hacer apología del terrorismo, a promover actos delictivos o a socavar las instituciones del estado democrático. No parece que Picardo tuviera intención de hacer nada de esto. Indudablemente, la intervención del ministro principal de Gibraltar no iba a ser del gusto del Gobierno español, pero no creo que sus palabras fueran más allá de las que ha pronunciado en otras ocasiones y que han recogido los medios de comunicación. Por el contrario, es indudable que habría tenido que responder a algunas preguntas incómodas.
Después de todo, tarde o temprano, Picardo, que cuenta con poderosos medios –especialmente económicos- para difundir sus ideas, terminará por hablar en Madrid y logrará la atención de los periodistas.
Dicho esto, no son las autoridades gibraltareñas las que pueden presentar más títulos para acusar al Ejecutivo español de cercenar la libertad de expresión. Exhibir una bandera de España en el Peñón o simplemente la camiseta de la selección española de fútbol, por ejemplo, atrae de manera inmediata a la Policía gibraltareña, que se lleva a los “infractores” a los calabozos de la Comisaría. Y dudo que hubiera una sola entidad en la colonia dispuesta a ofrecer una tribuna de primer nivel a algún miembro del Gobierno español que tuviera la peregrina idea de tratar de convencer a los gibraltareños de que la soberanía del Peñón corresponde a España.
Disentir de la doctrina oficial contraria a la vuelta a España no es nada fácil en Gibraltar. Yo mismo fui testigo en 2002 cuando se sometió a referéndum en el Peñón el proyecto de soberanía compartida alcanzado por Madrid y Londres, de los insultos que recibió un gibraltareño cuando declaraba a los periodistas que había votado a favor, en contra del parecer mayoritario. “Traidor” fue el calificativo más suave que se le dedicó por parte de otros gibraltareños que contemplaban la escena.
Picardo tiene sus razones para sentirse molesto por lo sucedido y ya he dicho que no comparto la maniobra del Ministerio de Exteriores, pero el ministro principal no puede pretender que, después de mantener, desde su llegada al poder, una actitud de confrontación con el vecino, éste le vaya a abrir siempre, encantado, las puertas de su casa. Eso sólo sucede cuando las relaciones de vecindad son amistosas, no cuando se acosa a unos pobres pescadores, se lanzan bloques de hormigón al mar que impiden la pesca o se hace la vista gorda a prácticas que suponen un fraude para las arcas españolas, entre otras actividades.
Las famosas negociaciones “ad hoc” sobre asuntos que podrían ser del interés de todos los actores de la zona del Campo de Gibraltar llevan demasiado tiempo esperando arrancar. Por desgracia se han perdido muchos meses y los calendarios electorales de 2015 –en España, en el Reino Unido y el propio Peñón- no favorecen en absoluto su puesta en marcha.
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