El Gobierno gibraltareño tiene que moverse siempre entre dos aguas: llevarse bien con la metrópoli londinense; y a la vez, no cesar en sus reclamaciones a Downing Street, que, hoy por hoy, sigue valorando mucho la base naval con que cuenta en la colonia y que sirve de descanso en numerosas ocasiones a sus navíos, incluidos los submarinos de propulsión nuclear.
Así, por ejemplo, hace unos días Gibraltar hizo llegar al Foreign Office su deseo de estar presente en la cumbre de jefes de Gobierno de la Commonwealth que tendrá lugar en Malta del 27 al 29 de noviembre próximos. Quiere que a los Territorios Británicos de Ultramar, entre ellos el Peñón, se les permita opinar en esas citas, lo mismo que a Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que sí tienen derecho a participar porque cuentan con representantes en el Parlamento del Reino Unido.
No es de extrañar que, a veces, la relación entre Gibraltar y las autoridades de Londres no sea precisamente una balsa de aceite. La decisión del gobernador británico en Gibraltar, James Dutton, de abandonar su cargo con un año de antelación ha sido relacionada por algunos medios informativos con las diferencias que ha mantenido con el ministro principal, Fabian Picardo. Las autoridades gibraltareñas han desmentido que así sea y lo achacan a una campaña orquestada, pero en un lugar tan pequeño como el Peñón es difícil ocultar algunas cosas.
Naturalmente, Dutton, a pesar de haber hecho evidente, en algunos actos públicos, la frialdad de su relación con Picardo, no puede menos que alegar razones “personales y profesionales” para justificar una decisión de la que no se tiene constancia en la historia reciente de Gibraltar. Pero algunas de las discrepancias han sido públicas.
Una de ellas, el malestar causado en las autoridades del Peñón por unas declaraciones del gobernador en las que indicó que la aprobación de la Constitución gibraltareña en 2006 fue una “reacción exagerada” a la frustrada iniciativa hispano-británica de 2002 para compartir la soberanía del Peñón. Otra, tuvo que ver con el nombramiento como fiscal general, por vez primera de un gibraltareño – Michael Llamas, asesor jurídico de Picardo-, contra la costumbre de que fuera nombrada una persona desde el Reino Unido. Sin olvidar, que desde Convent Place se hubiera deseado mayor dureza en las protestas de Londres a España por las incursiones de buques españoles en lo que consideran “aguas territoriales británicas de Gibraltar”.
O sea, que resulta difícil hacer creer que las relaciones entre Dutton y Picardo eran excelentes, como se pretende. Digamos que, como poco, eran manifiestamente mejorables.
Lo cierto es que en el Gobierno gibraltareño se viven momentos de inquietud. El gran tema de preocupación es el anuncio, confirmado en el discurso de la Corona, de celebración de un referéndum antes de 2017 para decidir si el Reino Unido sigue en la UE o sale de ella. El propio Picardo ya ha advertido públicamente de que si los británicos deciden abandonar el espacio comunitario, las consecuencias serían desastrosas para Gibraltar, que quedaría –asegura- a merced de España.
Por eso, además de sentirse algo aliviado por el anuncio de David Cameron de que los gibraltareños podrán votar en ese referéndum –cosas bastante lógica, teniendo en cuenta que se juegan su privilegiado estatus-, el ministro principal ha emprendido una nueva ofensiva ante las instituciones europeas, apoyándose en su activo lobby de Bruselas.
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