Las últimas destituciones de cónsules honorarios en Barcelona por sus vinculaciones al proceso independentista han puesto de relieve que las actividades de algunos de ellos son causa de preocupación para el Gobierno, que se ve obligado a reclamar a algunas Embajadas que tomen medidas antes que proceder a retirarles la autorización.
En Barcelona hay 112 Consulados. De ellos, unos 40 están ocupados por cónsules de carrera, es decir, son destinados para ese puesto por sus respectivos países para dar asistencia a sus compatriotas o atender peticiones de visados, fundamentalmente. El resto, son cónsules honorarios– en muchos casos españoles que tienen una especial relación con ese país-, y cumplen esas funciones, que se encuentran en el marco regulado por la Convención de Viena.
Cuando algún cónsul, ya sea de carrera u honorario realiza actividades que se salen de sus competencias y dañan la imagen o los intereses del Estado receptor, el Gobierno expresa su malestar a la Embajada correspondiente para que tome medidas. El embajador puede optar por reconvenir al cónsul o por recomendar a su Gobierno que lo sustituya. Si no lo hace, se arriesga a que el Estado receptor decida retirarle el ‘exequatur’ o autorización para ejercer las funciones consulares.
Esto último es lo que sucedió en septiembre de 2016 con el cónsul honorario de Letonia en Barcelona, Xavier Vinyals, quien, como destapó ABC, durante la Diada, colocó una ‘estelada’ en la fachada de las dependencias consulares. Pero, normalmente, cuando a un embajador se le advierte de que el cónsul realiza actividades de carácter político como, por ejemplo, manifestaciones de apoyo ala independencia, lo que suele hacer el embajador es tomar las medidas para que sea destituido.
En los últimos meses, eso ha sucedido en los casos de los cónsules honorarios de Bulgaria, Filipinas y Finlandia. La destitución de este último fue decidida por el Gobierno finlandés, no de muy buen grado, después de que la embajadora finlandesa, Tiina Jortikka-Laitinen, fuera convocada ya en noviembre a Exteriores, poco después de incorporarse a su puesto, para poner en su conocimiento que el cónsul honorario en la Ciudad Condal, Albert Ginjaume, (en la imagen recibido por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, tras su destitución) mantenía un actitud no conforme con lo establecido en la Convención de Viena. Las advertencias a Finlandia se repitieron desde entonces en varias ocasiones.
La destitución de Ginjaume de la que alertaron los medios de comunicación independentistas provocó una reacción de la cónsul de Perú, Franca Lorella Deza Ferreccio, que es de carrera, y en estos momentos, la decana de los cónsules sitos en Barcelona, que envió una carta a la embajadora de Finlandia expresando la solidaridad con el destituido.
Tras las protestas de Exteriores ante la Embajada de Perú en Madrid, la cónsul ha tenido que aclarar que su apoyo era al título personal y no en representación de todo el cuerpo consular, como aseguraba en otra carta a la embajadora finlandesa el cónsul honorario de Dinamarca, Lau Andersen. Andersen es responsable de Relaciones Institucionales de una Asociación de Cónsules de la que era secretario general Ginjaume y que, curiosamente, tenía sus dependencias en una sede de la Generalitat.
Lo sucedido en relación con la destitución del cónsul de Finlandia, unido a los otros tres casos conocidos, pone de relieve la vinculación de muchos de los representantes honorarios de distintos países con el independentismo. Al parecer, algunos otros cónsules se encuentran en el punto de mira de Exteriores, por sus coqueteos con los movimientos secesionistas. Se trata, en muchos casos, de empresarios que hacen negocios con los países a los que representan y aprovechan las ventajas que les confiere el cargo para intentar ganar apoyos para la causa.
Algo distinta es la situación de la mayoría de los cónsules de carrera, que han llegado a comentar ante las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores que, especialmente, en los meses previos al referéndum ilegal del 1 de octubre del pasado año, se vieron sometidos a importantes presiones desde instituciones de la Generalitat para que realizaran gestos de apoyo o simpatía hacia el proceso independentista (manifestaciones públicas, fotografía ante una estelada, etc).
Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, Exteriores, al igual que hizo con los embajadores en Madrid, mantuvo el 31 de octubre pasado una reunión con los cónsules acreditados en Barcelona, para explicarles por qué se había tomado esa decisión. El pasado 22 de febrero, volvió a a reunir a los cónsules en la Ciudad Condal, para darles cuenta de los resultados de la aplicación del 155. También lo hizo con los embajadores en Madrid el día 28.
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