El lunes próximo los ministros de Asuntos Exteriores de la UE pueden acordar el levantamiento del embargo de armas a Siria, de forma que se permita la entrega a los rebeldes de material defensivo para proteger a la población de los ataques de las fuerzas del régimen de Bashar Al Assad. España, al menos, según ha dicho el ministro José Manuel García-Margallo, va a defender esa posición, después de haber estado durante meses negándose a que los combatientes opositores pudieran recibir armas por el temor a que terminaran cayendo en manos de los elementos yihadistas incrustados en el ejército rebelde.
Se trataría de alcanzar una posición intermedia entre las demandas de Francia y del Reino Unido dispuestos a armar a los revolucionarios anti-Assad y la resistencia de buen parte de los europeos a esa entrega. En este último grupo estaba España y también Alemania, pero ambos, junto con otros, como Chipre o Hungría, parecen contempla ahora las cosas de otra manera, ante la persistencia de las fuerzas del régimen en masacrar a la población de distintas ciudades y ante la percepción de que Bashar Al Assad está ganando posiciones en la guerra civil. Piensan que no se debe dar la impresión al dictador de que puede hacer lo que quiera, sin que la comunidad internacional reaccione.
La oposición siria, reunida en Madrid hace unos días, se queja de que esa comunidad es muy lenta a la hora de darles suficientes apoyos. Lo que los Veintisiete debatirán este lunes supondrá un cierto avance y, en el fondo, una aceptación de las tesis británicas y francesas, porque después de todo, lo que se entregaría a los rebeldes son armas, por mucho que se las quiera calificar de “material de defensa para proteger a la población”. Las baterías de defensa antiaérea, los misiles tierra-aire y otros elementos destinados a contrarrestar los ataques son armas, en definitiva, y esas también pueden caer en manos de los extremistas próximos a Al Qaida, si no se toman precauciones.
En cualquier caso, desde el punto de vista diplomático, el Gobierno español hace bien en dar un paso al frente y hacerlo público. Si no lo hubiera hecho y el lunes en Bruselas se toma una decisión en ese sentido, parecería que España, como ha sucedido en otras ocasiones, va a remolque de otros socios.
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