España y el Reino Unido intentan cerrar un acuerdo para que puedan dar comienzo las tan traídas y llevadas conversaciones “ad hoc” sobre Gibraltar. Consistiría en celebrar encuentros para abordar asuntos de cooperación en la zona del Peñón y del Campo de Gibraltar, como el medio ambiente, la colaboración policial, etc en las que participarían todos aquellos Gobiernos con competencias sobre la cuestión de que se trate. Es la fórmula por la que apuesta España para superar el Foro Trilateral de Diálogo que se puso en marcha en época de José Luis Rodríguez Zapatero y que el Ejecutivo de Rajoy da por muerto.
Una defunción que las autoridades gibraltareñas se niegan a aceptar. Secundados por el Gobierno de David Cameron, insisten en aferrarse a un instrumento con el que lograron lo que durante tanto tiempo les había negado España: actuar como una tercera parte en el contencioso; tener voz, voto y veto. Es comprensible que Fabian Picardo aproveche cualquier ocasión para reiterar su compromiso con el Foro Trilateral y que, una vez que ha terminado por aceptar las conversaciones “ad hoc”, intente decorarlas de forma que no parezca un retroceso sobre las posiciones conquistadas. Ni un paso atrás es el lema.
Tanto el Gobierno gibraltareño como la Embajada británica en Madrid han salido al paso de algunas interpretaciones, para subrayar que Gibraltar participaría en esas conversaciones “ad hoc” por derecho propio, “con su propio jefe de delegación”, porque ello –indican- refleja el hecho de que Gibraltar tiene competencias constitucionales en todos los ámbitos salvo en defensa, asuntos exteriores y seguridad interior.
La cuestión es si España acepta esa condición. Es decir, si está dispuesta a que, junto a las delegaciones británica y española haya una delegación de Gibraltar, aunque, por el otro lado, exista también una cuarta delegación que sería, según el asunto del que se vaya a hablar, una entidad regional o local española, desde la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, pasando por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
La otra opción es que sólo haya dos delegaciones, la británica y la española, y que en ella se integren los gibraltareños, por un lado, y los representantes de los entes locales españoles, por otro.
Hay quien piensa en España que aceptar la primera fórmula sería una concesión al Gobierno gibraltareño, a quien tampoco le importaría pasar de tres a cuatro voces siempre que siguiera figurando como delegación aparte. Para otros, el tema no resulta tan importante, porque de lo que se trata es de que el formato sea lo más informal posible –o, lo que es lo mismo, que no haya ni banderas, ni letreros delante de nadie,- y de que exista un equilibrio entre los participantes de forma que estén presentes quienes tengan competencias sobre el asunto que se debata.
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