Dura lex, lexnet

Hace unas horas, el ministro de Justicia publicaba un tuit pidiendo disculpas por “las molestias ocasionadas” en la red LexNet. Esta especie de breve comunicado tenía hasta el momento de perpetrar yo este texto menos de cien retuits. Difusión escasa. El Ministerio de Justicia anunciaba igualmente el restablecimiento de la red.
No parecía nada demasiado grave, salvo que uno se dedicara a leer un poco más.
Lexnet es la red que pone en contacto a los órganos judiciales con los interesados. La usan abogados y procuradores y sirve, como toda administración electrónica, para agilizar y hacer permanente la comunicación. Los problemas son dos. En las últimas horas, una avería ha puesto al alcance de cualquier profesional (y hay más de cien mil usuarios de esa red) los datos de todos los procedimientos judiciales. Nombres, direcciones, comunicaciones, números de cuenta…
Esto es, en sí mismo, un escándalo grave. La desprotección masiva durante horas.
Pero casi peor es lo que está de fondo. Este sistema de comunicación y transmisión de datos de los órganos judiciales no lo gestiona el CGPJ, sino el Ministerio de Justicia. ¿Tiene el Ejecutivo -los políticos- acceso a los datos de todos los procedimientos judiciales en España?
Conocemos -y Montoro ha encarnado convincentemente esta incómoda seguridad- que el Gobierno controla todas nuestras pequeñas haciendas, pero no sabíamos esto. Al comunicarse un abogado con el órgano judicial usa una red que mantiene el Ejecutivo. Y que mantiene, al parecer, con la negligencia humana autóctona (no solo gubernamental) habitual.
Debería presentarse un informe detallado sobre lo sucedido, los movimientos realizados en ese plazo crítico de “apertura accidental”, y debatirse la melancólica cuestión de la independencia judicial. Por el análisis constitucional y la práctica reciente ya sabíamos cómo estaba la cosa (mal), pero internet lo simplifica todo hasta una última pregunta: ¿qué poder controla realmente los servidores?