Nada es lo que quedará dentro de unos meses, pocos, de los abanderados de la secesión catalana. Corrupción es la que al cabo de años comenzará a ajusticiarse con el caso del Palau. En sede judicial empiezan a destaparse las vergüenzas de la antigua Convergencia, hoy travestida de PDeCat. Los Mas, Puigdemont, Homs, Munté, Puig y demás fulleros pasarán a peor vida. Poco importa que los Pujol sigan preservados -¿hasta cuándo?- de la picota; esa gran familia acabará poniendo la guinda al pastel.
Además de corruptos, imbéciles. La estrategia convergente de liderar el secesionismo para tapar la corrupción que tiene minadas las estructuras del pujolismo está produciendo un sismo de proporciones aún desconocidas pero perfectamente previsibles: la burguesía catalana, huérfana de su paraguas electoral durante tres decenios quedará a merced de la izquierda republicana y los comunistas a la violeta, sus tradicionales enemigos de clase y cultura. Así es como transitan desde la corrupción a la desaparición todos a una, coreándose hasta es las puertas de los juzgados.
Junqueras ayudará a ahogarse en sus propias miserias al presidente del gobierno que él mismo vice preside. Ya no disimula su posición de ventaja; de hecho está siendo el interlocutor principal del Gobierno de la Nación. Su relación con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría estará llena de discrepancias pero no teñida del victimismo en que se envuelve la derecha independentista.
La connivencia entre corruptos y corruptores ha sido demasiado estrecha como para salvar a estos últimos del descalabro. No es caso único en España; el merdé valenciano acabará cobrando peaje a los populares, como a los socialistas el pillaje andaluz si es que un año de estos comienzan a juzgarse los EREs y otros desmanes; y sin juez contaminado, naturalmente.
Ni tampoco somos la oveja negra de nuestro entorno internacional, cuajado de presidentes encausados por la pasta, siempre la pasta. Pero en lo que sí somos brillantes es en la dilación de la administración de la Justicia. Y en otras injusticias, llámense cumplimiento de sentencias “ejemplarizantes”, caso Isabel Pantoja, o la aplicación sin más ni más de la prisión preventiva, como la que lleva disfrutando Francisco Granados desde hace dos años y cuatro meses.
Por sinvergüenza que pueda ser, el personaje tiene el mismo derecho a la presunción de inocencia que el juez que le tiene sometido a tal penalidad sin juicio. Y además de absurdo, discriminatorio porque las razones que la Ley de Enjuiciamiento Criminal brinda al juez para aplicar tal supuesto no se utilizan para los Pujol, Ruiz Mateos y otros presuntos.
El tema del gobierno de los jueces a que estamos sometidos merece reflexión aparte.
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