El Gobierno argentino ha impuesto una multa a Movistar equivalente a unos 33 millones de euros. La compañía que dirige César Alierta tendrá que abonar una parte de la misma al Estado y la otra –la de mayor volumen- destinarla a resarcir a los usuarios. La causa de la sanción fue un “apagón” en la red que duró casi un día entero. La empresa sospecha que fue víctima de un “hackeo”. Tanto si el incidente fue fortuito como deliberado deberá asumir la responsabilidad. Sorprende la diligencia y contundencia de la medida de un Gobierno que opera de distinta forma cuando se trata de un accidente ferroviario como el del tren de Once, que dejó un saldo de 55 muertos y centenares de heridos. También, su indiferencia frente a otras empresas que dejan a oscuras cíclicamente a la población, aunque éstas tengan argumentos para justificarse. La doble vara de medir no anuncia nada bueno. Resulta inevitable pensar que Movistar, cuyos directivos hasta hace poco mantenían excelentes relaciones con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ha pasado a engrosar la lista negra de las compañías en la mira de la expropiación como le sucedió a Ypf-Repsol. Movistar no está en bancarrota como lo está, prácticamente, Edesur (Endesa). En épocas de vacas flacas la tentación de meterle el diente a una compañía que genera pingües beneficios y además tiene su sede en Madrid, parece un plato difícil de resistir el apetito de dinero fresco que tiene la Administración argentina. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna recordó hoy en Clarín cómo hace aguas el modelo económico del que presume la presidenta: “Hoy no hay ni caja en pesos que es la fiscal ni caja en dólares que es el superávit comercial. Tampoco hay inversiones y si no hay inversiones no hay suficiente empleo en blanco ”. En este contexto, no resulta descabellado pensar que la multa que le ha caído a Alierta podría ser la punta de las orejas del lobo de la nacionalización o, en el argot “kirchnerista”, de otra “recuperación”.
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