La presidenta de Argentina y jefa del Estado, está acusada de encubrir a los autores del peor atentado terrorista de la historia de su país. El fiscal especial, Alberto Nisman, designado por el ex presidente Néstor Kirchner, para investigar lo sucedido el 18 de julio de 1994, fecha en la que una bomba convirtió en escombros la sede de la AMIA, acabó con la vida de 95 personas y dejó más de trescientos heridos, no tiene dudas: La señora tramó y llevó a cabo un plan para conceder impunidad a los autores de la masacre, a cambio de favores comerciales de Irán, en especial, en materia energética.
Aquella operación se tradujo primero en un memorando y después en ley aprobada en el Congreso. Entonces, el Gobierno y el oficialismo negaban la mayor: No hay impunidad, hay colaboración recíproca con Teherán para aclarar lo sucedido, aseguraban. Nisman se atrevió a dar este paso, el de acusar a la Presidenta y a los suyos, porque está convencido que la colección de grabaciones de conversaciones telefónicas entre los subordinados de Cristina Fernández y otras pruebas que posee, son más que suficientes para exigir su declaración indagatoria (como imputada). El juez que termine con la causa en su despacho (Ariel Lijo) , salvo que ésta sea desestimada, extremo posible pero poco probable, pasará, en letras de molde, a la historia. Para cuando tenga el fallo, Cristina Fernández de Kirchner, sin duda, ya no será presidenta y su margen de maniobra política será, previsiblemente, nula.
El escenario actual, inédito imputar a un presidente en ejercicio y por un caso de encubrimiento terrorista, es el más grave que vive, a título personal, un presidente de la democracia argentina (quizás del mundo). La corrupción a todos los niveles de este Gobierno, los procesamientos de su vicepresidente Amado Boudou y el rosario de causas abiertas contra sus funcionarios son detalles nimios frente a esto.
Los hoteles de “Cristina”, las bóvedas de dinero, las sociedades con los hijos, los testaferros o socios con cuentas multimillonarias en el exterior son menos que nada comparado con esto. El silencio de la presidenta (algún día tendrá que hablar y el juez la escuchará), como el que ha mantenido con los atentados de París, resulta más que sorprendente una falta de respeto para los argentinos.
Todo esta historia y los protagonistas elegidos, un piquetero matón y antisemita como Luis DÉlía, el cabecilla de Quebracho, una organización que se dice revolucionaria pero suele ser funcional a servicios de inteligencia locales y un diputado de La Cámpora como Andrés “el cuervo” Larroque, que hace de la chulería cualquier cosa menos un arte, producen más que vergüenza lástima. Lo del ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, que encima es judío, es otro cantar. Eso, por no hablar de las explicaciones del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de que todo es una conspiración internacional para tapar la buena noticia de que la gente va a la playa en el verano austral. Para llorar pero… la justicia dirá.
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