El general Antonio Domingo Bussi, de 84 años, vuelve a estar en el banquillo de los acusados. El general regresa enfermo, con asistencia de oxígeno y lágrimas en los ojos. La escena no es nueva, la sentencia es posible. Condenado antes a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, Bussi se superó a sí mismo y a la salud. Ayer negó la historia. La suya y la ajena. “No hubo desaparecidos”, “Hubo combatientes muertos”, “Fue una epopeya militar”. Hablaba del terrorismo de Estado de los años 70 en Argentina.
Bussi, brazo ejecutor de la guerra sucia en Tucumán, se empeño en tomar la palabra para defenderse. “Agotaré hasta el último de mis esfuerzos para contribuir a la verdad”. “Hubo una guerra y en ella sólo existen muertos en combate. Los cuerpos que recuperábamos iban a la morgue pero nadie los buscó” (sic).
La provincia de Tucumán fue pionera en informes sobre desaparición de personas de la dictadura (1976-83) y de los años previos al golpe de Estado (24 de marzo de 1976). Una comisión bicameral se adelantó a la Conadep para dar cuenta de los centros clandestinos de detención, de los muertos, de las torturas y de los desaparecidos. Detrás, delante y en medio de cada página figura Bussi. Con su fusil y el decreto Operativo Independencia como blindaje oficial, el general tuvo las manos libres para arrasar una provincia, es cierto, cercada por la guerrilla. De todo lo que dijo, quizás una cosa sea verdad. En Tucumán, cuartel general del Erp (Ejercito Revolucionario del Pueblo) se libró una guerra pero hasta en las guerras hay leyes.
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