El presidente electo de Uruguay, José “Pepe” Mujica, tuvo una idea. Pensó que podía evitar al erario público los gastos de la ceremonia de investidura del 1 de marzo. Una decena de empresas privadas, se dijo, podrían sufragarlos. Convencido del acierto, dio instrucciones a gente de su confianza para que enviara correos electrónicos a los ejecutivos seleccionados. Dicho y hecho, estos recibieron un formulario adjunto donde se “sugería” un aporte de diez mil dólares, por única vez. Así, con método tan sencillo, el Estado se ahorraría cien mil de los ciento cincuenta mil dólares del presupuesto previsto para, “la fiesta de asunción presidencial”.
Pues bien, los sindicatos y no los empresarios, decidieron que esas “donaciones” condicionarían al futuro Gobierno de Mujica. Además, deslizaban, se parecía mucho a un impuesto extraoficial, por decirlo en términos diplomáticos. Con ciertas suspicacias sobre el destino final de los fondos, el poderoso Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) lamentó la decisión. “Se trata de un tema republicano e institucional… El movimiento no ve bien que se llame a empresas para pedirles que financien un acto del Estado”, protestó el sindicalista Richard Read. Su compañero, Juan Castillo, insistió en que la ceremonia de asunción de los presidentes es “un acto constitucional que tradicionalmente ha hecho el Estado… Si no hay suficiente dinero -aconsejó- es preferible hacer una fiesta más modesta”.
La respuesta de Mujica a los que tendieron un manto de duda sobre sus intenciones o cuestionaron la decisión, no se ha hecho esperar. “Me puedo equivocar pero no tengo precio… Es así y tá. ¡No me jodan!”. Lo más curioso es que muchos empresarios que no recibieron el e-mail, molestos, llamaron al presidente electo para ofrecerle sus donativos. El resultado final es que la recaudación se ha disparado y ahora no saben si dedicar el excedente a la construcciones de viviendas gratis para los pobres o qué narices hacer con el dinero.
Otros temas