15 de diciembre de 2017: “Grave traspié de Iceta”.
“Si para ‘cerrar heridas’, como voluntariosamente explica Iceta, es necesario indultar a los independentistas ahora perseguidos por la justicia, el mensaje es nítido, y alarmante: jueces y policías están perdiendo miserablemente el tiempo intentando aplicar una ley que se sabe de antemano que se puede violar impunemente.
(…) La propuesta de Iceta contiene dos torpedos de grueso calibre contra dos pilares básicos de una democracia. Torpedea el principio de la separación de poderes por cuanto descalifica o convierte en inoperante la actuación de la justicia y fulmina el principio de igualdad ante la ley por cuanto distingue a los delitos ‘de origen político’, merecedores de medidas de gracia. Todo el trabajo iniciado por el constitucionalismo, echado por la borda en favor de un tacticismo electoral imprudente, inoportuno y cuya rentabilidad electoral es más que discutible.
Iceta debilita al frente constitucionalista y sitúa al PSOE en una difícil coyuntura. El partido socialista no solo no debería avalar con su silencio o su tibieza la idea del indulto, sino que está obligado a rechazarlo contundentemente por lealtad a la justicia, a su propio compromiso constitucionalista y a su electorado en toda España. No es tiempo de ambigüedades. El procés ha tenido una virtud: ha generado una nueva conciencia política en contra de la tradicional complacencia de la izquierda española hacia los nacionalismos periféricos. El PSC vuelve, sin embargo, a las andadas después de la grave fractura liderada por los que ahora quiere ver indultados. Lo sucedido en Cataluña demuestra que el llamado ‘soberanismo moderado’ es una entelequia. Jugar a esa carta es un craso error”.
25 de septiembre de 2020: “Ponderación”.
“El trato exclusivamente judicial de la cuestión catalana fue —aunque indispensable y obligado en los casos de ilegalidad— inhábil y contraproducente. Era y es ineludible afrontarla también desde una perspectiva política. Por ello, conviene descartar todo maximalismo ante iniciativas que pretenden reencauzar la vida política catalana hacia la normalidad. Y ajustarse a la máxima ponderación. No son útiles por ello los rechazos que minimizan medidas de reincorporación al quehacer común de un nutrido grupo de catalanes (y de sus dirigentes) en aras de otras, como la amnistía, ajenas a la Constitución y más propias de los cambios de régimen. (…)
Debe amainarse la tensión suscitada por los anuncios de eventuales medidas —tanto legislativas como de gracia— con efectos sobre los secesionistas. (…)
El anuncio por el ministro de Justicia del inicio del procedimiento de indulto a los condenados secesionistas no debe llevar a escándalo: es un trámite preceptivo, y en periodo acotado, que de no acatarse implicaría prevaricación gubernamental. El indulto, además, es por imperativo legal (desde 1870), individual; no enmienda la plana a la Justicia pues no anula el delito, sino que cancela una o varias de las penas; puede ser total, o parcial.
Y se somete a estrictos filtros de legalidad como los dictámenes no vinculantes del Tribunal Supremo, la Fiscalía y la autoridad penitenciaria. Pero opera en un plano distinto al del poder judicial. Como reza la ley que lo configura, debe atenerse al imperio de la ‘utilidad pública’, es decir, el interés político general. En el que habrá que ponderar la necesidad de reintegrar al empeño colectivo a un amplio núcleo de la población catalana que optó por la desafección, con la de preservar el principio de legalidad —y por tanto la modulación según el compromiso futuro de respetarla— y con otras exigencias, como la de no perjudicar a terceros (condición que exige la ley). (…)”.
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