El descenso de la siniestralidad laboral en las regiones españolas

Por:  Roberto Bande, GAME-IDEGA, Universidad de Santiago de Compostela. roberto.bande@usc.es

Cuando se realiza un análisis exhaustivo de los diferentes indicadores del mercado laboral en España desde el comienzo de la crisis, son pocas las dimensiones que puedan recibir calificativos favorables, ya que el deterioro ha sido generalizado, comenzando por el principal termómetro del estado del mercado laboral, la tasa de paro, que como es sabido está en máximos históricos. Sin embargo, existe un aspecto en el que el mercado de trabajo español ha mejorado sustancialmente en los últimos años, y ese no es otro que el de la siniestralidad laboral. España era tradicionalmente uno de los países desarrollados con mayores índices de incidencia (el índice de incidencia es el número total de accidentes por cada 100.000 trabajadores), y el esfuerzo por parte de los trabajadores, las autoridades laborales, los poderes políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales han hecho posible que poco a poco, y desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995, la incidencia de los accidentes de trabajo sea cada vez menor.

Los datos que proporciona el Ministerio de Empleo a través de la Estadística de Accidentes de Trabajo (EAT) indican que desde 2006 hasta 2013 (último año completo disponible), la incidencia de los accidentes totales se ha reducido en un 50%, pasando de 6.047 accidentes por cada 100.000 trabajadores a 3.009. Si analizamos los accidentes mortales (los que mayores costes personales, sociales y económicos acarrean), observamos una reducción similar (47%), pasando el índice de incidencia de 6,28 a 3,33. Por tanto, en los últimos años, y como continuación de una tendencia de fondo iniciada con la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las condiciones físicas, higiénicas y de seguridad en el trabajo han mejorado, así como los mecanismos de prevención, contribuyendo todo ello a esta significativa reducción.

No obstante, existen fuertes diferencias por comunidades autónomas, que es interesante resaltar. Así, si tenemos en cuenta los accidente totales (ver gráfico 1), la región con mayor incidencia en 2013 sería Baleares (4.070 accidentes por 100.000 trabajadores), mientras que la región en la que menor probabilidad hay de sufrir un accidente sería Madrid, con un índice de 2.575, es decir, el índice balear es 1,5 veces mayor que el madrileño. Si analizamos las diferencias en cuanto a accidentes mortales, el grado de disparidad es mucho mayor. En este caso, la comunidad con mayor índice sería Asturias (7,7) mientras que la comunidad con menor incidencia de accidentes mortales sería Baleares (1,22), es decir, 6,3 veces menos (gráfico 2).

 Gráfico 1 Accidentes totales

 

Fuente: Ministerio de Empleo, Estadística de Accidentes de Trabajo

Gráfico 2 Accidentes mortales

 

Fuente: Ministerio de Empleo, Estadística de Accidentes de Trabajo

¿A qué se pueden deber estas fuertes diferencias regionales en cuanto a la incidencia de la siniestralidad laboral? En un reciente trabajo que he realizado conjuntamente con Elva López, analizamos precisamente este hecho, tratando de identificar los factores que pueden explicar comportamientos regionales tan variados. Una primera reflexión nos lleva a pensar que la existencia de diferentes estructuras productivas (mayor o menor peso de la agricultura o la manufactura, determinados tipos de industria manufacturera más intensivos en trabajo, etc.), demográficas (población más o menos envejecida), laborales (tipos de contrato, participación laboral femenina, etc), entre otros, deben de tener un cierto papel explicativo. Pero encontramos, al igual que Martín et al. (2009), que el papel de la Inspección de Trabajo es clave en este fenómeno. En concreto,  a través de un exhaustivo análisis econométrico, mostramos que la dispersión territorial en las variables del mercado de trabajo explica la mayor parte de las disparidades regionales en los accidentes leves, pero las diferencias en la intensidad inspectora y sancionadora por parte de la autoridad laboral serían las principales responsables de las disparidades en la distribución de los accidentes graves y mortales. En otras palabras, la posibilidad de que existan diferencias entre regiones en la intensidad inspectora (consecuencia del diseño organizativo y competencial de la Inspección de Trabajo) es responsable, en parte, de las fuertes diferencias regionales en la siniestralidad mortal, una vez que hemos controlado por todos los demás factores que contribuyen a explicar la incidencia de los accidentes. Por tanto, una unificación en los criterios inspectores y sancionadores contribuiría (según nuestros resultados) a una convergencia en los índices de incidencia de los accidentes más graves. Sin embargo, dado lo complejo de la tarea debido a las fuertes presiones políticas de los diferentes estamentos territoriales, somos escépticos en relación a esta cuestión, por lo que tememos que esta diferencia regional en la siniestralidad acabe por convertirse en otra característica estructural de nuestro mercado de trabajo.