Por Raúl Mínguez Fuentes. Cámara de Comercio de España y Universidad Nebrija.
España asumirá la Presidencia del Consejo de la Unión Europea desde el próximo 1 de julio de 2023, lo que supone liderar la agenda de prioridades de actuación política y económica de la UE. Recordemos que el Consejo de la Unión Europea es, junto con el Parlamento Europeo, el principal órgano decisorio de la Unión. Sus funciones abarcan desde la negociación y adopción de legislación de la UE hasta la coordinación de las políticas de los Estados miembros, el impulso de la política exterior y de seguridad común, la celebración de acuerdos internacionales o la aprobación del presupuesto de la UE, junto con el Parlamento Europeo.
La última vez que nuestro país ejerció esta responsabilidad se remonta al año 2010, en pleno proceso de reconstitución de las maltrechas bases comunitarias tras los estragos derivados de la crisis iniciada en 2008. Hoy la situación también es desafiante, marcada aún por las consecuencias de la crisis económica y social provocada el COVID-19, la posterior problemática en la cadena de suministros, los aumentos significativos en los precios de la energía y materias primas, la invasión rusa de Ucrania, la desaceleración en la actividad y, en suma, por la pérdida de confianza generalizada y el continuo clima de incertidumbre en los mercados.
Esta compleja coyuntura obliga a la Presidencia del Consejo de la UE a buscar soluciones para mitigar los impactos onerosos sobre el tejido productivo y el bienestar ciudadano, al tiempo que se afrontan retos presentes en materias como la seguridad energética, la ciberseguridad, la competitividad de la UE a escala global, la transición ecológica, la transformación digital, la autonomía estratégica o la protección de los derechos humanos y el fomento de un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales, entre otros.
En este contexto, un ejercicio analítico y propositivo, bajo la denominación “La oportunidad de reforzar Europa”, se planteó a comienzos de año desde la Cámara de Comercio de España, con una batería de 30 prioridades de actuación durante la inminente Presidencia española del Consejo de la UE, identificadas desde el mundo empresarial y agrupadas en torno a cinco ejes de actuación: competitividad, resiliencia, digitalización, sostenibilidad y geoestrategia.
En este intrincado escenario, las regiones y la política regional pueden también ejercer un protagonismo clave para contribuir al desarrollo armónico y sostenido de la Unión, capaz de afrontar los desafíos y las vicisitudes que atravesamos en estos momentos.
En concreto, durante el segundo semestre de este año cabría avanzar en suprimir o evitar obstáculos de carácter regional que puedan entorpecer el necesario impulso del mercado único de bienes y servicios y, más paradójico aún, la propia unidad del mercado de cada país. La UE se enraíza en la búsqueda de la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas en su seno, eliminando barreras técnicas, jurídicas y burocráticas que lo dificulten. Indudablemente, una labor con marcado componente regional.
Por otra parte, existe consenso sobre la relevancia de las infraestructuras de los territorios para mejorar la eficiencia productiva, para incrementar la productividad y, en definitiva, para generar riqueza. En este marco, las conexiones ferroviarias internacionales resultan indispensables para desarrollar todo el potencial logístico de una región, la competitividad del tejido productivo y el atractivo para las nuevas inversiones. Los ambiciosos objetivos de descarbonización establecidos en el Pacto Verde Europeo requieren para su cumplimiento, necesariamente, del ferrocarril, el medio de transporte más respetuoso con el medioambiente para recorrer distancias largas. En este contexto, impulsar el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) se convierte en una prioridad.
Además de aprovechar la potencialidad del transporte ferroviario de mercancías, se identifican oportunidades ligadas a la mayor capacidad de absorción de los aeropuertos, y al despliegue efectivo de las conexiones de transporte intermodal, lo que pasa por la construcción y mejora de terminales intermodales logísticas estratégicas y accesos terrestres a puertos, así como la mejora de la accesibilidad, sostenibilidad y digitalización de las infraestructuras portuarias.
Las dotaciones de infraestructuras son asimismo condición necesaria para la cohesión social y territorial de la Unión Europea, en cuyo seno se encuentran multitud de zonas periféricas y ultraperiféricas. Al tiempo, la existencia de amplias áreas con reducida densidad de población, así como zonas remotas, montañosas o de difícil acceso, obliga a disponer de una dotación de infraestructuras adecuada para paliar la problemática específica de dichos territorios.
Por ello, la Presidencia española del Consejo de la UE debería acelerar la revisión de la política de Redes Transeuropeas de Transporte (TEN-T) y las palancas para su despliegue efectivo, impulsando aquellas iniciativas que favorecen el traspaso del transporte de mercancías hacia el ferrocarril, la mejora de las infraestructuras ferroviarias y portuarias, y unas mayores conexiones de determinados territorios con características y singularidades propias de su localización, geografía o circunstancias económico-sociales.
En el caso específico de España, destaca la oportunidad para planificar el trazado que debería tener la Travesía Central del Pirineo (TCP) y cuantificar el presupuesto necesario para modernizar la conexión española con Francia. La TCP, que llegó a estar incluida entre los Ejes prioritarios de la Red Transeuropea de Transportes en el denominado Eje 16 (Sines/Algeciras-Madrid-París), permitiría dar un impulso multiplicador al tráfico ferroviario de mercancías a través de un túnel de baja cota y gran capacidad en la parte central del Pirineo. Una conexión clave y beneficiosa para toda Europa.
Otra evidencia con impacto dramático sobre el equilibrio regional es la disminución constante de la población europea en edad de trabajar, con una sociedad en gradual envejecimiento y con necesidades cambiantes en los sistemas sanitario, asistencial o laboral, entre otros. Incluso dentro de un mismo país, como el caso español deja patente.
Por ello, la próxima Presidencia del Consejo de la UE podría impulsar el diseño de una estrategia europea que aborde el reto demográfico que enfrentamos, conjuntamente, los Estados miembros y las regiones, estableciendo un marco de gobernanza global que oriente y dé respuestas a los desafíos que el cambio demográfico supone. Una estrategia que debería pasar por medidas de fomento de la natalidad, de gestión inteligente de los flujos migratorios, o al establecimiento de un sistema de salud europeo que coordine, integre y organice las políticas y recursos para garantizar una atención homogénea y de calidad a la ciudadanía en el seno comunitario.
Un último ejemplo de actuaciones prioritarias de marcado acento regional lo constituye la política de cohesión territorial, económica y social de la UE, como valor fundamental de la propia Unión. Si bien todos los territorios se ven afectados por un mismo contexto general económico y político, cuentan con diferentes recursos, condicionantes y capacidades para enfrentarse a ellos. Es por esto que las correspondientes políticas diseñadas deben tener en consideración estas características particulares, con una mayor participación de las entidades locales y regionales en el proceso de diseño de las medidas dispuestas; promover la integración sobre el terreno de los fondos de la política de cohesión y de todos los demás instrumentos de recuperación y financiación de la UE; y fomentar la cooperación urbano-rural y la recuperación de las zonas rurales. Con esto se estaría consiguiendo un doble objetivo: acercar las decisiones a la ciudadanía y al tejido empresarial local y, con ello, que se identifiquen con ellas y las hagan propias. Como destaca el Comité de las Regiones, es preciso fortalecer el enfoque de la política de cohesión, basado en un análisis de las necesidades territoriales establecidas a nivel regional y local, con un proceso plenamente participativo y democrático.
En suma, no será hasta el 1 de julio de 2023 cuando nuestro país asuma, por quinta vez, la Presidencia del Consejo de la UE, convirtiéndose así en el centro de la formulación de políticas de la UE durante medio año. Además, en esta ocasión, la Presidencia española coincide con el último tramo del ciclo institucional europeo, antes de que se convoquen elecciones al Parlamento Europeo, en mayo de 2024, y se nombre posteriormente una nueva Comisión Europea. En el último semestre del año, por tanto, deberán llevarse a término las negociaciones de un buen número de expedientes legislativos abiertos en materia de transición ecológica, transformación digital y agenda social, principales líneas de trabajo de la Unión.
Es, por tanto, una oportunidad para el país que la asume, España, de avanzar sus prioridades políticas en el seno de la UE. Entre las cuales, las cuestiones regionales deberían gozar de una atención indudable para avanzar en el fortalecimiento de Europa.
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