El espinoso asunto del nuevo embajador de Bangladesh

Entre los embajadores que presentaron este miércoles Cartas Credenciales a Su Majestad el Rey, se encontraba el nuevo de Bangladesh. Si no hubiera sido por él, posiblemente la atención se hubiera concentrado en los representantes diplomáticos de Israel y Colombia, dos países con los que España tiene unas relaciones importantes.

Pero ni Daniel Kutner ni Alberto Furmanski atrajeron la atención de los periodistas como  Hassan Mahmud Khandker, el nuevo embajador bangladesí, sobre quien pesan varias denuncias ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la humanidad.

 

Varias organizaciones, entre ellas algunas internacionales, como Human Rights Watch, presentaron hasta tres denuncias ante el TPI en las que acusan de crímenes contra la humanidad a la primera ministra, Sheikh Hasina, y a una serie de personalidades, entre ellas Khandker, bajo cuyo mandato como responsable del batallón de acción rápida de la Policía aumentaron, según los textos de las denuncias, los asesinatos y desapariciones forzadas, principalmente de miembros de la oposición, activistas y periodistas.

Estas organizaciones y algunos ciudadanos de Bangladesh residentes en España reclamaron al Gobierno español que no aceptara a Khandker como embajador. El Ejecutivo, sin embargo, no atendió las peticiones y en junio pasado concedió el plácet solicitado por las autoridades de Bangladesh.

El argumento del Gobierno fue que, mientras el juez no hubiera admitido a trámite las denuncias, no podía rechazar la petición. España sí podía retirar el plácet si esa admisión se hubiera producido antes de que Kandker presentara sus Copias de Estilo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, un acto que le habilitaba ya como embajador en Madrid. Eso sucedió en octubre y ahora  ha tenido lugar el paso definitivo, que es la presentación  de Cartas Credenciales, sin que hasta la fecha el TPI haya admitido a trámite las acusaciones.

¿Qué ocurrirá si en un futuro, se produce esa admisión? La posibilidad que le queda al Gobierno si considera que un acusado de crímenes contra la humanidad no puede estar representando a un país en España, es pedir amistosamente a ese país que retire al embajador. Si el país no acepta, se puede optar por la expulsión un hecho que se trata de evitar para que no afecte a las relaciones bilaterales, pero que se ha producido en alguna ocasión, normalmente con diplomáticos o empleados de las Embajadas de menor nivel, por estar implicados en alguna actividad delictiva o de espionaje.