A medida que se acerca el 1-O llaman la atención dos cosas. Una es la preparación y organización del “procés”. La otra es todo lo que ha llegado a permitir el gobierno español.
El movimiento separatista es un todo público y privado. Es un órgano que va de lo público a la sociedad civil, y que está conectado entre sí, como un cuerpo organizado y unánime. Pero parte de ello nace en lo público. Es por eso que sorprende la pasividad de Rajoy.
Los separatistas tienen un fuerte apoyo intelectual. Un buen grupo de profesores y catedráticos en contacto con la élite universitaria del mundo entero. Están los economistas del Colectivo Wilson, por ejemplo. Son personas solventes intelectualmente que trabajan para conseguir un nuevo Estado desde una parcela técnica concreta. No están solos. Hay profesores en Georgetown, Princeton, Harvard, etc. Sería interesante conocer qué organismos o entidades financiaron sus estudios. Su compromiso con la causa es total, de un convencimiento anti-intelectual. Son ideólogos que no viven en Cataluña, no padecerán ninguna consecuencia, y su actitud respecto a España está manchada de un desprecio añadido: el anglosajón.
El Colectivo Wilson se preocupa de la economía; en materia jurídica está el Colectivo Prada. Y en relación con ellos el Colectivo Emma, encargado de la difusión internacional. Un equipo de publicistas y traductores encargados de ir trabajando los departamentos de prensa en el extranjero. Su trabajo, como se está viendo estos días, es sorprendente.
La sociedad civil se integra en el proceso a través de ANC y Òmnium, sobradamente conocidas. LO que quiero es referirme a dos organismos concretos que surgen de lo público ante la pasividad de Madrid.
Uno es el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña. Es un consorcio público-privado con el objetivo de explicar Cataluña al mundo. Tiene incluso un máster formativo. Una nueva casta diplomática destinada al trabajo de zapa exterior. Yo no sé, en este punto, si las iniciativas exteriores catalanas se han entendido bien. No es una forma de colocar a amiguetes –aunque esto nunca esté de más–, ni propaganda perdida en el éter, es una de las dos patas del proceso. Es decir, la independencia la consiguen desde dentro y desde fuera. Andando sobre dos piernas. Tan importante es una como la otra porque es fundamental que haya un reconocimiento internacional. Fundamental desde el punto de vista jurídico pero también antes, en la valoración o juicio internacional de las razones, medios, relatos, o de quién es el “democrático”. Los nacionalistas escenifican todo hacia la comunidad que habría de reconocerlos. Camuflan sabiamente su causa en el discurso liberal mundial. Todo ha ser, no estrictamente democrático, sino solo en apariencia. La pátina es suficiente.
El Tribunal de la Haya exige procedimientos democráticos. Es decir, lo democrático no es solo por el taranná o talante catalán, es algo más: es la condición necesaria para el reconocimiento. El relato a dominar es ese: el democrático.
El trabajo internacional del separatismo ha sido enorme y no sé si ha sido comprendido en España.
Luego está el interior. Aquí llama la atención un órgano: el Consejo Asesor para la Transicion Nacional. Vigila su particular de la ley a la ley, pero con luz y taquígrafos. Todo está a la vista. Es un organismo dependiente de la Conselleria de Presidencia y presidido por un ex magistrado del Constitucional. Sus informes lo describen todo: desde el inicio del proceso hasta la inserción en la comunidad internacional. Es, realmente, un proceso diseñado y publicado. Está al alcance de quien quiera verlo.
En los informes que este organismo ha elevado se describe una auténtica estrategia, dado que recoge el curso de acción de la Generalitat integrando las posibles reacciones del Estado. Obviamente no es vinculante, pero ya informa cosas como la Ley del Referéndum.
Por ejemplo, sobre el referéndum aconseja en un sentido muy determinado: “El Código de buenas prácticas en materia de referéndum redactado por la Comisión y adoptado por el Consejo de Europa no estipula ni quorum de participación mínima ni quorum de aprobación”. Abre la puerta al gobierno catalán para prescindir de la exigencia de mínimos. El asesoramiento intelectual es siempre de este corte. Por ejemplo, Carles Boix, profesor de política en Estados Unidos, y uno de los ideólogos, consideraba que la Independencia puede declararse en el Parlamento con mayoría simple. ¿Para qué una mayoría reforzada?
En este órgano, el Consejo para la Transición, está el espíritu de acercamiento a las leyes.
Es interesante saber que consideran (y eso está ya en la Ley del Referéndum) que el resultado del mismo exige consecuencias políticas: la presentación interna de un proyecto de secesión y, paralelamente, las actuaciones internacionales (de nuevo, los dos brazos actuando, dentro y fuera).
El reférendum es entendido como una decisión del pueblo catalán. No una estimación demoscópica. Interesa en tanto DECISIÓN. Por eso, no es el único medio que contemplan. Podrían usar la consulta popular (que tiene algunos matices distintos), las elecciones plebiscitarias u otras consultas alternativas que realizaría a sociedad civil, aunque estas últimas las desaconsejan.
Incluso admiten, como forma de decisión, la Declaración Unilateral de Independencia, la DUI, por el Parlament. En principio la aconsejan como un paso posterior a unas elecciones plebiscitarias. Si ganan las fuerzas independentistas, el parlamento declararía la DUI. Ya sabemos qué mayoría bastaría.
Este Consejo incluso admite que la DUI llegue sin necesidad de unas elecciones plebiscitarias previas. “Si hay actitudes de bloqueo del Estado a la hora de implementar los resultados de una consulta legal”.
Es decir, que con una consulta, por poco legal que sea, si consideran que el Estado bloquea ya pueden dar el paso siguiente. Desde este punto de vista, se entiende el celo del gobierno español para impedir cualquier posibilidad de votación y cualquier forma de realidad física que pueda ser entendida como tal, y, por tanto, una decisión colectiva.
Pero hay que insistir: el referéndum no es el final. Está la consulta, están las elecciones plebiscitarias e incluso un DUI expeditivo.
La DUI remite el proceso catalán a Kosovo, a la jurisprudencia que salió de allí. Incluso hay otro marco de derecho internacional: la Convención de Montevideo (países mayoritariamente hispanoamericanos) que no exige a un Estado, para serlo, el reconocimiento exterior, sino la mera declaración. El haberse reconocido y proclamado como tal.
Una vez que ha DECIDIDO el pueblo, el Consejo que asesora el proceso admite dos escenarios fundamentales: la colaboración del gobierno o la no colaboración.
En relación con el primero, la idea de negociación está presente siempre. Es una puerta abierta en cada fase del proceso. En cada estadio, el gobierno español (el Estado, dicen ellos) puede colaborar o no, así lo contemplan; y para cada uno de los escenarios desarrollan una estrategia determinada. Una cosa es importante: el proceso nunca acaba: el proceso solo tiene un final: el Estado propio.
La colaboración del gobierno se traduciría en negociación, en ampliación del marco competencial para tomar pacíficamente medidas que exceden la Constitución y en la creación de las estructuras de Estado necesarias.
Esta negociación admiten que se produzca en el marco más amplio de un proceso de reforma constitucional. Y algo parecido contemplan para cuando se recibieran los resultados de un referéndum afirmativo: plantearlo al Estado como la razón para una revisión constitucional.
Estas acotaciones son importantes porque abren una puerta a partidos como PdeCat o al bloque constitucionalista: la posiblidad de que en cualquier momento del proceso se subsuma en un proceso mayor de reforma. Esta parecería una forma “pacifica” de maquillar la ruptura jurídica: empaquetándola en una reforma constitucional completa en España.
Hay otro elemento a tener en cuenta, una especie de lección histórica. El proceso separatista está dentro de una línea histórica mayor. Cualquier paso es un hito para un logro en el tiempo. Cada avance, cada cota alcanzada es un instrumento, una herramienta para presentar ante la comunidad internacional. Les sirve todo: una mención en el preámbulo del Estatuto, una consulta a medio legalizar, cualquier pronunciamiento parlamentario… Si no es en esta, sería en la próxima generación. Cualquier logro es un argumento para escenificar internacionalmente un conflicto.
El separatismo catalán es fiel a una continuidad histórica. Los políticos españoles trabajan en un corto plazo, los separatistas no siempre.
Y queda por ver lo que aconsejan para un escenario de conflicto y no colaboración española tras el referéndum. Aquí, sin descartar la negociación, acudirían a una mediación internacional y a proclamar la DUI. La DUI debería ser ratificada en un nuevo referéndum antes de ser proclamada, y tras ello llegaría la desconexión inmediata y la apertura de un proceso constituyente.
Esa DUI previa a la desconexión exige un par de cosas: la normativa propia, o la aplicación de un ordenamiento jurídico provisional (asunto que tienen previsto), y, sobre todo, y parece lo más importante, el control de las estructuras de Estado básicas. El gran obstáculo o la gran condición para la DUI y la desconexión en caso de conflicto es el control de “las estructuras de Estado básicas”. Aquí se habla de infraestructuras, Hacienda, suministro de energía, seguridad, etc…
En caso de conflicto con el Estado, anticipan los instrumentos que usaría: la impugnación al TC contra estructuras y actos, el artículo 155 y el 116 (declaración de estado de excepción, sitio y alarma). En estos casos tienen muy claro sus límites: el Estado no aguantaría la eternización de esas medidas, y le señalan otro límite: los derechos y libertades básicas (recurso habitual de la propaganda estos días). Confían (quizás de un modo muy optimista) en la Unión Europea, en su intervención y en que, dentro de ese marco, España tendría limitaciones de actuación. Fuera del asesoramiento de este Consejo, los ideólogos e inspiradores del “procés” se refieren alguna vez a la debilidad española tras la crisis como una circunstancia importante.
Hay dos cosas que no mencionan ni como posibilidad: la aplicación exhaustiva del Código Penal y el artículo 8 y las Fuerzas Armadas.
Para terminar. Varias observaciones personales.
Lo primero es pedir disculpas por la celeridad y pobreza de estas impresiones.
La segundo es advertir de lo cerca que está el Parlamento Catalán de una DUI. Eso traería unas consecuencias históricas e internacionales importantes. No es la norma, desde luego, pero podría dar ya lugar a reconocimientos internacionales de algunos países. Sería el gran logro catalanista moderno: la secesión, no estructuras estatales dentro de una federación española mayor.
Tercero, pese a tratarse de un plan para la desconexión, el Consejo Asesor admite en varios momentos que pueda ser integrado dentro de una reforma mayor del edificio constitucional español. Eso sí, ya con “estructuras propias de Estado”.
Por último, resulta asombroso que se haya llegado hasta aquí. Las autoridades españolas han permitido que dentro del Estado se desarrollen normas, organismos y actuaciones de ruptura.