Paradoja: firmó el contrato con la empresa de cazatesoros en 2003, al tiempo que ratificaba la Convención Unesco. El acuerdo para comercializar los restos incumple su Constitución y varias leyes. Hubo ya un primer reparto de materiales patrimoniales en 2014 entre la empresa IMDI y el Estado de Panamá, que organiza la Cumbre de las Américas este abril. El caso sigue generando rechazo internacional
En la foto superior [o en la más clara que está justo debajo, si se amplía], pueden verse dos curvas paralelas de puntos oscuros, que son las huellas típicas que deja en el fondo un barco cazatesoros. En zonas de poca profundidad, y con potentes deflectores de hélices, aceleran sus motores al máximo arrojando al fondo marino bajo la nave un flujo de agua tan violento que despeja toda la arena y elementos de poco peso, dejando unos ominosos cráteres a su paso. Unido a magnetómetros y detectores de metales, es perfecto para quien busca oro y plata y poco o nada le importa el contexto histórico del yacimiento. Estos cráteres son las cicatrices que un cazatesoros deja en nuestra historia, las huellas de quien ha borrado para siempre parte de una historia importante, la de quienes se hundieron en el naufragio, con el fin de recuperar a toda prisa los objetos de valor comercial. Son las pruebas dolorosas de la vulnerabilidad del patrimonio cuando el Estado decide disponer de él no para preservarlo a las generaciones futuras con quienes pueden extraer conocimiento de sus restos, sino para repartirlo como un botín y venderlo como si solo fuera oro.
La foto que hay sobre estas líneas es de Google Earth y corresponde a la punta suroeste de la isla Contadora, en el Golfo de Panamá. Se trata del entorno en el que encontró su destino final parte de la carga del galeón San José, en junio de 1631, después de que vagase a la deriva con el casco roto por una ruta de unos 70 kilómetros.
Viene a cuento porque vamos a intentar comprender por qué Panamá emitió en 2013 una resolución de permiso a la empresa Investigaciones Marinas del Istmo, S.A (IMDI), gracias a la que se han repartido las monedas y objetos valiosos obtenidos, y en la que, como recursos a utilizar, IMDI especifica los deflectores de hélices, las bombas “venturi”, los detectores y otros sistemas de barrido manual. Ninguno de esos términos sería jamás utilizado por un arqueólogo. Ninguna de esas herramientas son las de un científico. Además, también se anuncia una exposición conjunta entre IMDI y el Estado panameño para mostrar las piezas extraídas sin los estándares arqueológicos reconocidos internacionalmente, que figuran en el Anexo de la Convención Unesco 2001. La celebración de esa exposición va más allá de cualquier compromiso contractual, es un acto de voluntad de Panamá que favorece las peores prácticas sobre el patrimonio subacuático que compartimos. Según diversas fuente, IMDI financiará con 35.000 dólares la organización de la muestra.
En la carta que el subdirector de Cultura de Unesco, Alfredo Pérez de Armiñán, ha enviado el pasado 11 de marzo a la ministra de Exteriores panameña, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y que ha sido citada por el diario La Estrella de Panama, el organismo internacional pide cuentas sobre la vigencia de los compromisos internacionales adquiridos por el país centroamericano en 2003 y recuerda que “iniciativas privadas como la de IMDI no sólo van en contra de la ética profesional y la legislación vigente, sino que además suponen una seria amenaza para la salvaguarda de nuestros valores culturales e históricos”.
Así que la pregunta que se hacen ahora los 51 Estados firmantes de la Convención, así como los arqueólogos científicos de todo el mundo, es: ¿Por qué Panamá ha cometido un error tan grave, por qué ha puesto en riesgo su patrimonio si su Constitución prohíbe la comercialización de bienes patrimoniales y desde 2009 está vigente en su territorio la Convención Unesco 2001 para la Protección del Patrimonio Subacuático? ¿Por qué lo hace justo cuando las cámaras de medio mundo estarán pendientes del país que hospeda la Cumbre de las Américas? Trataremos de explicarlo. Póngase cómodos. Zarpamos.
El resumen de la situación contractual es este:
Todo empieza en 2003. El 26 de marzo, Panamá decide ratificar la Convención Unesco 2001, que prohíbe la comercialización de los bienes patrimoniales y marca los protocolos arqueológicos y estándares científicos exigibles a las intervenciones en los pecios y otros restos. Aunque parezca increíble, apenas tres meses después, el 26 de junio de 2003 el mismo Gobierno firma un contrato con la empresa IMDI para la exploración y el 25 de julio de 2003 para la excavación. Las negociaciones debieron llevarse a cabo paralelamente mientras firmaba la Convención Unesco que prohibe, precisamente, prácticas como esa, en un doble juego, esa bipolaridad gubernamental que merecería un análisis por parte de cronistas políticos, algo que no es función de este blog. El contrato lo suscribe el Ministerio de Finanzas panameño, una de las carteras de más poder en el país (en cualquier país), pero cuyo poder no incluye criterio en cuestiones de arqueología por ciencia infusa. ¿Se asesoraron como debían, tuvieron en cuenta la Convención suscrita cuyo rango es superior muchas leyes panameñas puesto que se asume como propia? Cabe dudar con quién se consultó, vista la paradoja que señalamos.
El contrato231-2003 no cumple los mínimos exigibles a un país firmante de la Convención: evaluación de estudios previos, acuerdos de colaboración con museos y otras instituciones de carácter científico, objetivos científicos, programa de publicaciones, metodología y técnicas respetuosas, plan de financiación, calendario previsto para la ejecución, planes de análisis y actividades sobre el yacimiento. Solo en 2013 IMDI trata de firmar un acuerdo con la Universidad de Pamaná, cuyos efectos nos se conocen. Entre los consultores, James Sinclair, conocido colaborador de Mel Fisher en el Atocha y responsable del proyecto del gran cazatesoros norteamericano en el Santa Margarita. Colabora Blue Water Ventures, también conocida empresa del sector.
Del último reporte de información económica de Blue Water Ventures
La fecha de caducidad de ese contrato de 2003 fue establecida el 30 de diciembre de 2013. Algo debió fallar en la memoria puesto que no fue hasta el 8 de enero de 2014 cuando se registró la solicitud de extensión del contrato, según ha podido saber Espejo de Navegantes. Tal vez solo ese hecho podría invalidar la continuidad de las operaciones, por estar fuera de plazo y acabado el contrato, pero lo cierto es que fue en 2013 y 2014 cuando se llevaron a cabo las extracciones, que habían comenzado en 2001. Por el medio quedaron dos sentencias de la Corte Suprema que se consignan en una addenda al contrato de abril de 2010. Una de 2004 que suspendía cautelarmente la validez del contrato. Y otra de 2007 que modifica su punto quinto. En ese punto se dilucida el destino de los objetos. El contrato se había hecho para la extracción de restos de “valor comercial” y no patrimonial. La Corte señala a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico (DNPH) como la única competente para dilucidar si un objeto tiene valor cultural y patrimonial para el Estado panameño, o si solo posee “valor comercial”. Hablemos de esto.
Existen, en la legislación panameña, dos decretos legislativos, de 1969 y 1970, que regulan el salvamento de naufragios. Se aplican a todos los restos que no sean declarados bienes patrimoniales (por la DNPH). ¿Y un galeón de 1631, tiene valor cultural, histórico, patrimonial? ¿Es la moneda naufragada en 1631 un trozo de plata cuyo precio regula el mercado de metal o es una pieza cuyo valor cultural y patrimonial aumenta el precio? Tal vez la DNPH sea capaz de responder de manera clara.
Por si fuera poco, la Constitución Panameña, en su artículo 81 prohíbe expresamente comerciar con bienes patrimoniales. Por encima de las leyes de un Estado -con excepción de la Constitución, pero en armonía con ella, como vemos- están los convenios internacionales, como es el caso de la Convención Unesco 2001. Pero es que también esta deja claramente sentado que no se deben comercializar los bienes del patrimonio cultural subacuático. Siendo así, ¿Cómo es posible que ocurriera lo que ha acontecido? Ante cualquier duda, la vigencia de la Convención comenzó en 2009. El enredo tejido entre IMDI y el Gobierno Panameño estribaba en la confusión entre bienes comerciales y bienes patrimoniales y entre las leyes que regulaban uno y otro caso.
El tiempo apremiaba para la empresa, que necesitaba un permiso de la DNPH, tal vez no solo porque mucho tiempo había pasado sino porque el final del mandato del Gobierno Martineli, con el que se había llevado a cabo toda la negociación, asomaba en el horizonte (las elecciones fueron en mayo de 2014, el nuevo gobierno tomo posesión el 1 de julio de 2014). Y había que evitar la incertidumbre de reiniciar las conversaciones. Por todo ello, un año antes, julio de 2013, y diez años después de firmado el primer contrato con IMDI, la entonces directora de la DNPH, Sandra Lineth Cerrud Vergara emitió la resolución 136-13, un extraño documento que nació con la voluntad de mezclar el cielo y el infierno de la arqueología, las exigencias formales de la ciencia y la práctica precaria de quienes buscan el oro y el negocio. No es necesario explicar que no basta con presentarlas juntas. Es el mayor fracaso de la historia de la DNPH, al que el Gobierno de Panamá, según distintas fuentes del máximo nivel científico y político, consultadas por ABC en países como Francia, México, Panamá, España Gran Bretaña y EE.UU., debería poner fin inmediatamente.
Vídeo de un «prop-wash». Nada que ver con la arqueología. Es casi minería
Fruto del Convenio logrado con la Universidad Panameña, en la resolución se nombra director del proyecto al profesor José Leal Cuervo, que es antropólogo y no arqueólogo y del que no se conocen experiencias anteriores en proyectos vinculados con patrimonio subacuático. Como subdirector aparece James Sinclair, un hombre de Mel Fisher, el gran patriarca de la industria cazatesoros, ya que colaboró con él en el expolio del Atocha y dirigió el proyecto del Santa Margarita (aunque ninguna de esas dos cosas aparecen en el currículum que aporta la DNPH, ¿por qué?). Experiencia sobrada en musealización del oro extraído sin método arqueológico de restos de buques hispánicos. La “resolución Lineth” mezcla conscientemente los “objetos históricos y culturales” y los de “valor comercial” una vez más. “Entendiéndose por bienes comerciales las monedas y barras de plata y oro, entre otros objetos de valor como piedras preciosas y joyas de uso personal”. Increíble
Resulta increíble, en efecto, que quien custodiaba en nombre del Estado panameño el patrimonio histórico enajene de su valor cultural a tantos restos que tienen, sin duda, además de siglos por haberse sumergido en 1631 como parte de un cargamento que debería estudiarse con método científico, todo el valor cultural que les vincula a una sociedad colonial de cuyos traslados y actividades marítimas no conocemos sino una limitada parte todavía. En lugar de entregarlos a la ciencia los entrega al mercado. La “resolución Lineth” regula el reparto de 65% para los cazatesoros y el 35% para el Estado, como ya relatamos aquí.
El reparto se llevaría a cabo en 2014. Curiosamente, según fuentes cercanas al caso, la DNPH de Lineth otorgó en abril a IMDI el título de propiedad de objetos patrimoniales extraídos del San José, y el reparto tendría lugar entre las elecciones que suponían el fin de la era Martineli, de 4 de mayo de 2014, y el momento en el que Lineth dejó el cargo a su sucesor. Ese reparto ha merecido la dura crítica de Carlos Fitzgerald, entrevistado por Mónica Guardia en La Estrella de Panamá. Este arqueólogo acusa a las autoridades de Patrimonio de haber convertido objetos valiosos del siglo XVII que han estado bajo el agua 400 años en artefactos de valor únicamente comercial. “Nunca antes la República de Panamá había admitido desprenderse de bienes que son, no de un gobierno, no de una administración, sino de todo el colectivo, de todo el pueblo panameño. Eso es muy profundo y sienta un precedente muy grave‘, denunció Fitzgerald, quien añadió: “La ciudadanía se merece una explicación de parte del Inac de cómo se sustentó la decisión, -dijo el arqueólogo- cómo se determinó la autenticidad de las piezas, su antiguedad, su estado de conservación, su singularidad. ¿Quién representó al Estado panameño? Tuvo que ser un especialista del mayor nivel académico comprobado; no puede ser cualquier funcionario público”. Es un valiente testimonio.
La “resolución Lineth” de 2013, en la que se basó la decisión, además, abre la puerta a una relación estable para que IMDI localice otros naufragios, que no detalla, es decir, que prácticamente serviría como una carta blanca para prospecciones futuras en aguas panameñas a una sola empresa. “Cuando sea posible, identificar y fechar el material encontrado, diagnosticándolo de la forma propia de los estudios arqueológicos” dice (sic), una frase curiosa para gente con el currículum de James Sinclair. También habla de conservar y exponer el material.
Con el fin de salvar la cara se establecen algunos puntos metodológicos presentables sobre el papel, como -por este orden- el dibujo del yacimiento, la remoción de la artillería, el balasto, limpieza de la estructura de madera, el tratamiento de los objetos recuperados y la “publicación de la experiencia de recuperación del pecio”. Dice experiencia y no conclusiones científicas, en efecto. Pero es que todo lo anterior da igual cuando se conocen las técnicas que quieren emplear, otra metodología que detalla a renglón seguido y que ni un solo arqueólogo científico podría usar, sino sólo los cazatesoros: Sondeo directo con magnetómetro, detectores de metal manuales, bombas Venturi de succión, deflectores de hélices… Lamentable. Ya que disimulaban hablando de un método podrían haberlo ajustado al anexo de la Convención Unesco firmada en 2003 y en vigor desde 2009, que no habla de esas prácticas precisamente.
El Estado se compromete, además, en esta “resolución Lineth” a emitir certificados de autenticidad de las piezas que piensan vender en esta web, publicada en inglés, en la que figuran los logotipos del Ministerio de Finanzas y el de Cultura de Panama, el INAC. La resolución, por último da un plazo para el informe final, 28 de agosto de 2015, pero es plazo somero, ya que se añade: “Siempre y cuando a esa fecha haya concluido el rescate del pecio”. ¿Y si no? La extracción va a comenzar el próximo mes de mayo. La resolución dice que sin no se ha terminado para entonces, esperan un informe de los “logros alcanzados a la fecha”. Unas hazañas que horrorizan a los arqueólogos de medio mundo.
La comunidad científica internacional ha alertado de la destrucción del valor histórico de este patrimonio, convertido tan solo en moneda de cambio que ahora, los defensores del submundo de los cazatesoros, agitan con los mástiles de la leyenda negra, diciendo que el interés de España, de la Unesco y de los científicos más prestigiosos del mundo de la Arqueología subacuática está motivado por el oro y que los conquistadores merecían esta venganza. Cree el ladrón que todos son de su condición. Lo único que interesa a los científicos es que se estudie y se comparta el resultado de ese estudio, puesto que la arqueología no va de objetos, sino conocimiento. Y quienes braman contra los viejos conquistadores están entregando el negocio de un patrimonio propio a empresas (algunas estadounidenses) sin muchos escrúpulos arqueológicos. Es una realidad triste que el pasado compartido acabe así, borrado y como instrumento de riqueza de unos pocos.
En el siguiente episodio trataremos de iluminar cómo está creciendo la indignación internacional, justo en las vísperas de la Cumbre de las Américas. Y algunos detalles más hasta ahora no conocidos. Seguiremos informando. Pero les dejamos con las voces del propio Panamá, un país que sin duda valora el patrimonio como parte de la propia identidad. A pesar de los errores de algunas de sus autoridades. No dejen de darle al Play para comprobarlo