Nuevo escándalo alrededor del proyecto del galeón San José. La Procuraduría General de la Nación, el organismo de control de la Administración colombiana, ha demostrado que el arqueólogo Ernesto Montenegro, puesto por el presidente Juan Manuel Santos al frente del proyecto San José con las más elogiosas palabras y consideraciones, no ha cumplido con los requisitos legales para acceder al cargo de director del instituto arqueológico del país, el ICAHN.
Es más, su currículum incluía un máster en arqueología subacuática realizado en España que en realidad no era más que un módulo de tres meses. La Procuraduría ha escrito a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, para «reiterar la solicitud», efectuada el pasado 23 de marzo, «para que se adelante el trámite inmediato de revocatoria del nombramiento del señor Montenegro Pérez como director general del ICAHN». Garcés, que ya se ha resistido una vez a destituirle, podría afectar a la imagen internacional del proyecto, en manos de cazatesoros y con un único arqueólogo al cargo ilegalmente nombrado.
Además, según un documento al que ha accedido ABC de fuentes dignas de crédito, Montenegro en 2012 mostró por escrito, como subdirector, un criterio contrario a la venta de los objetos del galeón. En una carta de junio de 2012, en respuesta a una petición de aclaración, Montenegro afirmó con toda rotundidad que “los bienes de valor artístico, histórico y arqueológico que se encuentren en el yacimiento, al ser propiedad de la Nación, tanto por mandato constitucional (artículos 72 y 63) como por el fallo de la Corte Suprema de 2007 y la Ley General de Cultura, son imprescriptibles, inembargables e inalienables y por ello fuera de las posibilidades de comercio».
¿Qué le hizo cambiar de opinión tan radicalmente al ser nombrado director, ya que gracias a su concurso y férreo mando en el ICAHN se pudo cambiar la ley de Patrimonio para permitir contratar cazatesoros y repartir con ellos el botín con el truco de decir que las monedas y lingotes no son patrimonio? Los arqueólogos del ICAHN estaban, como todos los científicos y académicos de las universidades de Colombia, en contra de la ley y del expolio… Pero el hecho de que el proyecto fuera impulsado por el presidente Santos terminó venciendo las resistencias. La carta a la que ha tenido acceso ABC muestra que en 2012 Montenegro decía que quienes han querido rescatar durante décadas el galeón «no han demostrado estos fines culturales y científicos, sino exclusivamente intereses económicos. No existe así clara justificación de iniciar intervenciones en el sitio».
Se supone que eso incluiría a Sea Search Armada, que litigó con Colombia en todas las instancias. De hecho cita a la empresa en esa carta de 2012: “A pesar de que Colombia ya ha ganado buena parte del pleito contra Sea Search Armada, aún existen riesgos de que Colombia deba entregar bienes culturales de la Nación o deba indemnizar a esa empresa en el caso de extraer parte de los bienes del yacimiento. Es entonces poco justificable recuperar parte de este yacimiento hasta que el marco legal sea mucho más claro”. Quién iba a pensar entonces que aclarar el marco no sería llevar a término las sentencias en todas las instancias sino cambiar las leyes para que lo que parecía mal se convirtiera en lo que había que hacer, y por orden del presidente de la Nación.
Montenegro definía el San José como “un importante registro histórico” y un “Bien Cultural del Patrimonio Cultural Sumergido y hace parte del Patrimonio Arqueológico Propiedad de la Nación” (verá el lector que no caben más mayúsculas, énfasis ni grandes conceptos, hay casi una manifestación de mayúsculas en esa frase). Lo mejor de todo es que entonces decía con convicción que “Sacar estos bienes del agua implica acelerar su deterioro (…) Hay en el país centros de investigación arqueológica muy bien capacitados y existe la capacidad para adelantar estudios en condiciones difíciles”.
La conclusión de sus respuestas en esa carta es que “sí existe la capacidad técnica para supervisar un proyecto de Arqueología Subacuática, pero no existe la justificación técnica ni científica para emprender por ahora un proyecto de esas características en el sitio del hundimiento del Galeón San José (…) No es totalmente aparente que sea en beneficio de la Nación autorizar en la actualidad o extraer partes de este yacimiento arqueológico (…) a fin de determinar el adecuado manejo de este yacimiento que aunque pertenece a Colombia, es también un legado histórico y arqueológico de la humanidad y por eso implica grandes responsabilidades para las autoridades colombianas“. Quizá la humanidad también incluya a la empresa originadora, por mucho que las decisiones adoptadas en la licitación hagan muy diferente el sentido de las responsabilidades que achacaba entonces a las autoridades colombianas.
El arqueólogo que hoy sabemos ciertamente que cree y piensa lo contrario a lo que escribió entonces, se ha apeado de todas las mayúsculas y además ha impulsado con su presencia en el proyecto la venta y dispersión de ese patrimonio (o lo que él llama ahora ese “no patrimonio”) que según la licitación se hará al peso del metal precioso, y no por su valor patrimonial, para que luego los contratistas vendan las piezas como piezas asociadas al galeón (no al peso, claro, que serían decenas de veces más baratas). La ética científica no ha cambiado al ritmo de la ley 1675 de 2013. La distancia entre ambas es cada vez mayor.
El nuevo revés para el presidente Santos que supone la petición de la Procuraduría de que se revoque el nombramiento de Montenegro deja sin coartada arqueológica al proyecto y desnuda aún más la intención de explotar comercialmente el galeón San José. Santos viajará a España este fin de semana.
En su entrevista con Rajoy y con el Rey Felipe VI el tema del galeón estará sobre la mesa, seguramente.
Otros temas Jesús García Caleroel